30 de Junio, 2015

- Gil Lozano participará de una charla en la Embajada de EEUU

10:30 hs

Fernanda Gil Lozano, Precandidata a Diputada Nacional para el Parlasur por el Frente Renovador, participará esta mañana de una charla debate en la sede diplomática de EEUU en el marco de la visita al país de Eva Foti y Jesse Hoffnung-Garskof, dos académicas de la Universidad de Michigan que llevan adelante, por todo el mundo, una Clínica Jurídica especialmente dedicada a patrocinar a víctimas del delito de trata de personas de manera gratuita.

El evento se desarrollará desde las 10:30 hs en la Sala de Conferencias de la Embajada norteamericana, ubicada la calle Cerviño 4320, Capital Federal.

Durante el encuentro, Gil Lozano, histórica luchadora por los derechos de la mujer, intercambiará información y experiencias con las distinguidas académicas de la alta casa de estudios, a través de las cuales manifestará su intención de redoblar los esfuerzos contra los delitos relacionados a la trata de personas desde el Parlamento del Mercosur, órgano legislativo al que espera arribar tras las próximas elecciones del mes de octubre.

Esperamos contar con su cobertura…

PARA ENTREVISTAS:

Fernanda Gil Lozano Cel: 11 – 57714512 – Email: cfernandagillozano@hotmail.com.ar

31 de Marzo, 2015

#DESpegatina #BastaDeTrata Viernes 27 de marzo

Las pegatinas con avisos de oferta sexual que abundan en el mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires colaboran con la trata de mujeres.

Promueven la prostitución y lucran con el sometimiento de miles de mujeres.

La ley 26.485 promueve la lucha contra todo tipo de violencia, incluida la simbólica, los “papelitos” en la vía pública cosifican a las mujeres y la mercantilizan.

Promover la prostitución es un delito tipificado en el Código Penal, por lo cual la difusión en estos formatos NO puede admitirse y se deben eliminar.

Otra herramienta jurídica para combatir las violencias contra las mujeres: el decreto presidencial 936/2011, que establece la prohibición de la publicación de avisos de comercio sexual por cualquier medio.

Las redes de trata son las que realizan esta oferta sexual sistemática, usan los mismos teléfonos en distintos medios, usan nombres de fantasía, el marketing y el dinero invertido excede lo que puede abonar una mujer sola. La justicia tiene la obligación de investigar cada uno de esos volantes.

Si querés sumarte a los voluntarios #BVO de esta acción, envianos un mail .

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16 de Marzo, 2015

Denuncian que el Gobierno Nacional manipula los datos sobre las víctimas de trata

Lo afirmó la Diputada Nacional (MC) Fernanda Gil Lozano, en respuesta a los datos difundidos en las últimas horas por el Gobierno a través de un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En el trabajo, se destaca oficialmente que unas 133 víctimas fueron liberadas en enero y febrero de este año y que el Estado Nacional rescató a 8010 personas desde 2008. Sin embargo, las organizaciones de lucha contra la trata señalan que la cantidad de víctimas ya asciende a quinientas mil en todo el país y que “el Estado rescata anualmente a menos del 0,5 % de las personas esclavizadas y luego las abandona”.

La dirigente del Frente Renovador consideró que “desde las cifras, el informe oficial deja sabor a poco porque los resultados deberían ser mucho más elevados para poder reconocer con optimismo el trabajo contra esas redes”.

El informe elaborado por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, precisa que en 2014 el Estado nacional rescató cada día a cinco personas esclavizadas, que eran sometidas a distintas formas de explotación.

En contraposición a esos datos, Gil Lozano consideró que muchos de los problemas se deben precisamente al modo parcial en que el Gobierno reglamentó la Ley de trata de personas porque explicó que “hay muchos aspectos que involucran a las víctimas que no están debidamente contemplados en el dictado del decreto que se venía reclamando”.

En primer lugar, Gil Lozano explicó que si bien el Artículo 18 habilita el funcionamiento del Consejo Federal, se observa con sorpresa que el Art. 19 (que permitiría la incorporación, conforme ley 26.82 de la Sociedad civil – ONGS a dicho Consejo) no ha sido reglamentado, por lo cual consideró que entonces “el ingreso de las organizaciones sociales a este Consejo deviene en una ficción”.

La dirigente massista también detalló que “no se ha regulado, soslayando la importancia vital para la construcción de un proyecto de vida para las víctimas, un compendio de aspectos vinculados a la reinserción de las víctimas (contemplando la asistencia psicológica, médica, educativa, etc).

En este sentido, la histórica luchadora parlamentaria también denunció que “el Estado acompaña a las víctimas hasta que declaran pero luego no se trabaja con ningún tipo de acompañamiento ni contención psicológica o médica, no se les otorga ningún subsidio ni ninguna capacitación de reinserción laboral, lo que genera que, al poco tiempo, esas personas, en la mayoría de los casos, vuelvan al circuito del cual se las rescató”.

Por su parte, la dirigente anticipó que ya se reunió con Sergio Massa en un encuentro en donde acordaron “rechazar cualquier proyecto a favor de la reglamentación de la explotación sexual y aunar esfuerzos para amplificar las tareas de lucha contra las redes de trata”.

Finalmente, Gil Lozano aseguró que “desde la Corriente Renovadora Progresista del Frente Renovador se va a trabajar para cambiar la cultura de la explotación, de la competitividad y de la falta de control que reina en la actualidad” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional trata de difundir datos alentadores pero la realidad muestra que no asigna los recursos necesarios y que no existe una verdadera gestión coherente para combatir esta problemática”.

Contacto para Entrevistas

Fernanda Gil Lozano Cel: 11 – 57714512 – Email: cfernandagillozano@hotmail.com.ar

21 de Diciembre, 2014

Reunión antitrata

Reunión en Embajada de EEUU junto a Ongs antitrata, — con Maria Luisa StoraniMartín Casal,Viviana CaminosFabiana TuñezMonique Thiteux Altschul y otros/as.

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7 de Noviembre, 2014

Recoleta: clausuran un bar que funcionaba como prostíbulo VIP

La noche porteña.Se trata de Black, boliche sobre el que pesaban denuncias por venta de drogas, proxenetismo y trata.

Con la faja. Black operaba como bar y restaurante. Ya había sido cerrado y beneficiado por un amparo.

Aseguran que esta vez es definitivo: el viernes la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad volvió a clausurar Black, uno de los locales de prostitución VIP más conocidos de Recoleta. Aunque acumulaba denuncias por venta de estupefacientes, proxenetismo y trata de mujeres, un recurso de amparo le permitía operar bajo la habilitación de “bar y restaurante”.

El operativo se llevó a cabo el viernes, entre las 22 y las 0.30, a partir de la orden de allanamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5. Se realizó en forma conjunta por la AGC, la Policía Federal, la Dirección Nacional de Migraciones, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata. Desde entonces permanece clausurado y aseguran que mañana se podrá revocar su habilitación.

“En el lugar se encontraron siete mujeres (una de nacionalidad colombiana, otra de nacionalidad paraguaya y cinco argentinas), ninguna de las cuales tenía libreta sanitaria para trabajar. También se detectó la desvirtuación a local Clase A, porque había un reservado con tarima y caño para poledance, algo que no está permitido en un bar. Y además tenía vencido el plan de evacuación”, detallaron a Clarín fuentes de la investigación.

Black ya había sido clausurado en marzo del año pasado junto a Madaho’s, otro de los prostíbulos VIP de Recoleta. En el marco de esa causa, la ONG La Alameda dio a conocer el entramado de poder que sostenía el funcionamiento de ese lugar y de otros negocios ilegales que se articulaban alrededor.

“Tiene que ver con este holding mafioso donde están Nelson Sánchez Anterino (dueño de Soho, ahora en quiebra), Fabián Gutiérrez (con otra causa por contrabando de autos) y Alberto Fernández (homónimo del ex Jefe de Gabinete y quien figura como responsable de la sociedad Aljorse Black SRL), que incluso viajó a Angola con la famosa comitiva de Moreno”, resume Gustavo Vera, legislador porteño y titular de la ONG. Y apunta: “En Black había venta de estupefacientes, proxenetismo y trata, porque también había extranjeras que habían sido captadas con fines de explotación sexual. Entre otros lugares utilizaban el Hotel Alvear, tenemos filmaciones”.

¿Por qué Black había vuelto a funcionar a pesar de la clausura? Porque la Justicia en lo Contencioso Administrativo había dado lugar a un recurso de amparo bajo el argumento de que el “bar-restaurante”, como había quedado habilitado, era fuente de trabajo para muchas familias.

El punto es que, en estos casos, lo más difícil de probar para los inspectores es el vínculo comercial entre las mujeres y el boliche: la existencia de un proxeneta. Algo que en este tipo de locales se materializa a través de la figura de la “copera” o la “alternadora”, quien debe entregar al local un porcentaje que ronda el 50 % su recaudación.

“En el último año la AGC lleva revocadas más de 40 habilitaciones de locales que desvirtúan su actividad comercial y favorecen la prostitución ajena”, confirma Rodrigo Bonini, jefe de Gabinete del organismo. “El combate al proxenetismo es la herramienta más efectiva para luchar contra la trata de personas”, apunta Juan José Gómez Centurión, director Ejecutivo de la Agencia.

Los barrios que más denuncias acumulan por esta actividad son Flores, Retiro, Palermo, Recoleta, Once, Liniers y Pompeya. Se estima que entre el 40% y el 45% de las mujeres que se dedican a la prostitución ajena (explotadas por un tercero) son extranjeras: muchas de Paraguay y en los últimos años aumentó la cantidad que llega desde Brasil, Colombia y República Dominicana, en general con documentación precaria o apócrifa.

http://www.clarin.com/ciudades/Recoleta-boliche-prostitucion_VIP_0_1241276179.html

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4 de Noviembre, 2014

Córdoba: denuncian que está frenada la investigación por una joven desaparecida

25.10.2014 | 10:58

Yamila Cuello fue vista por última vez en 2009. Aseguran que “a nadie” le importa el caso. “Hace mucho no se hace nada para buscarla”, dijeron

Familiares de Yamila Cuello, desaparecida desde el 25 de octubre de 2009, marcharon por la capital cordobesa para reclamar que se intensifique la búsqueda de la joven, que fue vista por última vez cuando tenía 21 años y dejó la casa de su abuela al mediodía, para almorzar con un grupo de amigas en el barrio Coronel Olmedo.

Según informó La Voz, Soledad, hermana de la joven, dijo que “a nadie le importa” el caso.

“Hace mucho que no escucho que se haga nada para buscarla. El fiscal Enrique Senestrari ni siquiera ha contestado los pedidos de nuestra abogada, Mercedes Crespi. Él está más preocupado por causas mediáticas, pero no se ocupa del caso de mi hermana”, dijo.

La de Yamila es la única investigación por trata de personas en la provincia.

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21 de Octubre, 2014

La dirigente comprometida con la trata

Claudia Brizuela está acusada de otorgar mediante la Ammar-Capital una pantalla de legalidad a una red dedicada a la trata y explotación sexual. Esa entidad está enfrentada a Ammar-Nacional. La banda amenazaba a las mujeres con quemarlas con ácido si no cumplían.

Por Mariana Carbajal

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de la ex titular de Ammar-Capital Claudia Brizuela, como “partícipe necesaria” de una banda criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que contaba con protección policial. Según la imputación, la dirigente sindical –que defiende la prostitución como trabajo sexual– le ofrecía una pantalla de legalidad a la red a través de la afiliación de las víctimas a Ammar-Capital, una agrupación que está adherida a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli. La organización delictiva regenteaba dos burdeles en la ciudad de Buenos Aires y otros siete en la localidad bonaerense de San Miguel –que funcionaban en “privados–, de donde fueron rescatadas el año pasado unas 31 mujeres. Varias escuchas telefónicas incorporadas a la causa comprometen seriamente a Brizuela. La red obligaba a las mujeres a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a realizar hasta 18 “pases” por día. Las amenazaban con quemarlas con ácido si no atendían a todos los hombres que les imponían, según surge del expediente judicial. Y las hacían practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar (ver aparte).

En la resolución que confirmó su procesamiento, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín destacó que Brizuela hizo un “aporte esencial dentro del concierto criminal”. En la causa, que llevó adelante en un primer momento el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, hay otras 18 personas procesadas, entre ellas el jefe de la comisaría de San Miguel y otros dos policías, que advertían sobre la inminencia de allanamientos a los regentes de los prostíbulos y por ese “servicio” cobraban coimas. Lijo se declaró luego incompetente porque los casos de trata ocurrieron en prostíbulos del conurbano y el expediente pasó a la Justicia Federal provincial.

A Brizuela se le imputa ser “partícipe necesaria, en orden al delito de trata de personas en 31 oportunidades, agravado por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas –una de ellas embarazada y que fue obligada a abortar–, porque fueron más de tres y se consumó la explotación con la participación de más de tres personas imputadas”.

En la Procuraduría de Trata de Personas (ex Ufase) destacaron el fuerte respaldo que recibió la investigación judicial de dos cámaras, la de San Martín y la de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que confirmaron los distintos procesamientos dictados en primera instancia.

Ammar Capital está enfrentada al sindicato Ammar Nacional, donde milita la dirigente de las trabajadoras sexuales Elena Reynaga. La primera entidad se alinea con Micheli y la segunda está dentro de la CTA que encabeza Hugo Yasky. Pero ambas agrupaciones gremiales defienden el trabajo sexual e impulsan una normativa que pretende regular el funcionamiento de “establecimientos de servicios sexuales”.

Brizuela fue desplazada de la titularidad de Ammar Capital luego de que este diario revelara el año pasado los alcances de la investigación judicial. Puntualmente, Lijo acusó a Brizuela de gestionar la tramitación de documentos a mujeres extranjeras sometidas en los burdeles que tenía la red en San Miguel y de proporcionarles carnets de Ammar-Capital, que llevan su firma, por los cuales se les habría retenido 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical era, en realidad, de 5 pesos. Para el juez, la sindicalización se utilizaba como pantalla para disimular la trata de personas en el ejercicio libre e independiente de la prostitución. En pos de ese objetivo, “se colocaron en cada uno de los prostíbulos varios carteles de esta asociación y se repartieron folletos, todos secuestrados durante los allanamientos ordenados en la causa”, señaló el magistrado en el auto de procesamiento.

La Cámara Federal de San Martín confirmó las imputaciones. “En definitiva, la causante (Brizuela) tenía estrecha vinculación con miembros de la organización criminal y, a primera vista, participaría en la obtención de réditos económicos obtenidos a partir de los aportes que se obtenían de las víctimas”, dice la resolución del Tribunal.

En el fallo se cita un informe de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que dan cuenta de los testimonios de las víctimas. “En varios de los privados allanados las mujeres entrevistadas manifestaron encontrarse sindicalizadas, protegidas, asesoradas por un sindicato; algunas de ellas exhibieron un carnet de Ammar. Las mujeres que refirieron ser socias de tal organización no habrían concurrido por propia voluntad o iniciativa, sino que en algunos casos la afiliación habría sido requisito expreso de sus mismos explotadores al momento de ingresar al prostíbulo”, señala el informe. También dice que “la pertenencia a tal asociación y la determinación de los regentes a que se afilien a la misma parecerían tener la función de instalar en el circuito prostituyente discurso de autonomía, autogestión de los lugares y de trabajo autónomo. La realidad de las mujeres entrevistadas no cumplía con ninguna de estas características”.

El procesamiento, sin prisión preventiva, había sido dictado el 6 de diciembre. En la causa hay numerosas escuchas telefónicas de las que se desprende la relación cotidiana que tenía Brizuela con una mujer llamada Gladys Fernández, quien para la Justicia era la propietaria junto a su esposo de siete de los burdeles ubicados alrededor de la seccional policial de San Miguel. Fernández y su marido, Marcelo René González, también están procesados en la misma causa.

Para el juez Lijo, la afiliación al sindicato que lideraba Brizuela “deja en evidencia, por un lado, la intención de sus integrantes de darle un contexto permitido a la actividad delictiva que llevaban a cabo. Y por el otro, demuestra el nivel de sometimiento psicológico que se ejerció sobre las víctimas, a punto tal que ellas creían que Ammar las protegía, cuando en verdad sucedía todo lo contrario, porque con esta pantalla los integrantes de la organización investigada lo único que hicieron fue sumar otro elemento que facilitara su explotación”, dice el procesamiento.

Entre las pruebas acumuladas en la causa en contra de Brizuela hay una “gran cantidad de carnets de Ammar con datos de sus víctimas –firmados por ella– y muchos otros en blanco”, secuestrados en un inmueble ubicado en la calle Tribulato 1382, en San Miguel, lugar donde funcionaba el bar que Fernández y su esposo “utilizaban como asentamiento para cocinar la comida que luego repartían entre los distintos prostíbulos donde funcionaba su organización”.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-257623-2014-10-16.html

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21 de Octubre, 2014

Cómo funcionaba la pantalla de la Ammar

La causa judicial en la que está involucrada una dirigente de una agrupación que históricamente defendió el trabajo sexual se inició en abril de 2013 a partir de una denuncia recibida en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal. Durante la pesquisa, que demandó alrededor de cinco meses, se hicieron escuchas telefónicas, de donde surgen claramente la connivencia policial y el vínculo de la dueña de los prostíbulos con Claudia Brizuela.

La banda desbaratada captaba a las víctimas a través de avisos publicados en los diarios en los que solicitaban “señoritas”. Las obligaban a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a hacer hasta 18 “pases” por día. Las amenazaban con quemarlas con ácido si no atendían a todos los hombres que les imponían. De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento. Los explotadores les daban vivienda y comida que les descontaban de su aparente ganancia. Además, las víctimas les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 25 y 50 pesos. Inclusive debían preguntarles a los encargados y dueños de los prostíbulos a qué hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado. La pesquisa estableció que además de obligar a las víctimas de trata a afiliarse al gremio –cobrándoles 100 pesos por mes—, las hacían practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar. Los “privados” contaban con mecanismos de seguridad como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención. Entre las víctimas había mujeres argentinas y extranjeras, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Las condiciones de higiene y salubridad de los burdeles eran muy precarias. Las direcciones donde funcionaban eran Lima 1471 y 1035, de la ciudad de Buenos Aires, y, en San Miguel, en Alem 1616, Malnatti 1540, Mitre 1878, Tribulato 1382, Paunero 1868, Roca 1269 y Balbín 1010.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/257623-70082-2014-10-16.html

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7 de Octubre, 2014

Viernes 10/10: Misa por los excluidos y víctimas de la trata y tráfico de personas.

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7 de Octubre, 2014

La trata trata de presionar

El fiscal federal de Santa Rosa, Juan José Baric, denunció que sectores del poder pampeano intentan obstaculizar sus investigaciones a cuatro intendentes por casos de trata. Reclaman a la jueza federal Iara Silvestre para que active una causa.

El fiscal del Juzgado Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, denunció ante la Procuraduría General de la Nación que fue “presionado” por investigar a cuatro intendentes procesados en causas vinculadas con el delito de trata de personas.

En el portal digital de la Procuración General de la Nación, reproducido por la prensa pampeana, se publicó un artículo en el que Baric afirmó que le avisaron que desde esferas de poder en intendencias de La Pampa, “no se veía con buenos ojos” sus investigaciones sobre la trata.

El fiscal aseguró que reclamará a la jueza a cargo para que avance en el caso del intendente de Lonquimay, José Luis Rogers. También se investiga al jefe comunal de Macachín, Jorge Cabak, y al de 25 de Mayo, David Bravo. La intendenta de General Acha, María Elena García, fue sobreseída en primera instancia y resta resolver la apelación.

La Justicia Federal puso la lupa sobre los cuatro gobernantes por haber habilitado cabarets en los que se habría cometido el delito de trata de personas. El funcionario judicial remarcó que tuvo que firmar un recurso junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, en el cual le advirtieron a la jueza federal Iara Silvestre que “si no procedía a resolver la situación procesal” del intendente de Lonquimay, Luis Rogers, “la íbamos a denunciar a ella”.

La Procuración General de la Nación publicó el viernes último un informe sobre las dificultades de enfrentar la complicidad y la impunidad de las redes criminales, bajo el título “Trata de Personas: cómo investigar las complicidades del poder político”, donde aparecen las declaraciones del fiscal pampeano.

Baric aludió a los problemas que debió sortear por enfrentar al poder político. “En estos casos encontré, en un principio, una cierta mala predisposición a encarar el tema, ya sea por negligencia, desidia o fastidio. Escuché varias veces decir ‘son putas porque les gusta’. Escrito tras escrito, nos los iban rebotando por pavadas. Y por estar involucrados funcionarios, sin lugar a dudas, fue el principal escollo”, dijo.

“En la causa de Rogers son cinco los imputados: el intendente, el comisario, el dueño del cabaret y los dos encargados. Los citaban a declarar en indagatoria a los tres últimos y con exactamente la misma prueba, sobre los dos funcionarios no ordenaban su indagatoria. Me llegaron a advertir que el peronismo de La Pampa no veía con buenos ojos lo que yo estaba haciendo”, señaló, sin puntualizar quién fue el encargado de formular esa recomendación.

“No sólo no tuvimos apoyo por parte de los jueces, sino que por el contrario. Metieron más trabas que nadie”, planteó el fiscal. Además, agregó: “Inclusive en la causa de Rogers, para que lo procesen, tuve que presentar un escrito con mi firma y las de dos fiscales generales, Marcelo Colombo y Alejandro Cantaro, que confiaron en el trabajo que veníamos haciendo desde acá”.

“En ese documento, demoledor, hasta amenazamos a la actual jueza con que si no procedía a resolver la situación procesal de Rogers y el comisario Alaniz, la íbamos a denunciar a ella”, ilustró.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-256891-2014-10-06.html