7 de Septiembre, 2011

Derecho a réplica

                                                                          

 Debatir ideas, perspectivas, posiciones sobre qué políticas públicas se requieren para hacer frente a la problemática de la trata de personas contribuye a hallar herramientas más adecuadas y eficaces para prevenir y acabar con este aberrante delito.

Polemizar sobre si existen o no mitos, sobre si la inseguridad es tan sólo una sensación, como afirmaba hasta hace tan poco tiempo un ministro de un gobierno que parece últimamente desdecirlo, es ciertamente importante para impulsar acciones que favorezcan la convivencia social.

Ahora, tergiversar lo que se dice en una entrevista para llevar agua al molino propio, es algo bien distinto, y poco tiene que ver con desactivar “mitos” o informar sobre la realidad. Y esto es lo que ha hecho la periodista Mariana Carbajal en la nota “El mito urbano de la trafic blanca” publicada por Página 12 el 4 de septiembre de 2011, atribuyéndome cosas que no dije y ridiculizando otras que dije.

Jamás vinculé la desaparición de la niña Candela con una trafic blanca. Dije que en este país, la desaparición de la niña y el prologando cautiverio que tuvo un terrible final, demuestran la ausencia de protocolos para dar respuestas a situaciones tan graves como esta.

Dije también (y mandé una alerta, efectivamente) que en mi despacho se habían incrementado las denuncias por intentos de secuestros de chicas en determinadas zonas de la Capital Federal. Y mencioné, como ejemplo, tres casos. Es posible que para la periodista, gustosa de citar estadísticas, estos datos no sean dignos de ser tenidos en cuenta o solo le resulten útiles para hacer lo que efectivamente hace: acusarme de contribuir a un mito y a expandir el pánico.  Olvida la periodista, en todo caso, que detrás de esos números hay seres humanos y no mitos, y que los intentos de secuestro se operan sobre seres humanos, no sobre fábulas. Olvida la periodista que verbos como debatir, reflexionar, intercambiar, admiten varios sinónimos. Ninguno de ellos es tergiversar.

 

Fernanda Gil Lozano

 

18 de Agosto, 2011

ALERTA! Todos debemos estar atentos!

Estimados y estimadas  compañeras:

A partir del importante incremento del número de denuncias recibidas en mi despacho durante los últimos meses, vinculadas con  intentos de secuestros de chicas jóvenes y adolescentes en el barrio de Constitución, les ruego que difundan esta alerta:

 

En dicho barrio, y sobre todo en la Avenida San Juan, por la noche, está circulando una camioneta de la que desciende un hombre que posee las siguientes características: mide 1,80 m de estatura, tiene ojos azules y está encapuchado. Su modo de actuar, acorde con las descripciones, consiste en descender de la camioneta, dejar la puerta lateral trasera abierta, sujetar a su víctima por el brazo e intentar inmovilizarla por medio de una trompada, para a posteriori introducirla en el vehículo.

 

En ocasiones, va en una camioneta azul metalizada tipo Kangoo, conducida por una mujer. En otras, usa una Traffic blanca.

 

En caso de verlo u observar una situación de riesgo, por favor comunicarse al número telefónico 137.

 

Fernanda Gil Lozano

Diputada Nacional

3 de Agosto, 2011

Fernanda Gil Lozano sólo quiere que Zaffaroni explique su situación

Es la diputada que, hace dos años, remitió a la Procuraduría de la Nación un listado de 613 direcciones de departamentos particulares donde funcionaban prostíbulos y, entre las cuales, figuraban dos correspondientes a Zaffaroni. Aseguró que no pretende que el magistrado renuncie ni que se le inicie un juicio político pero sí que dé explicaciones. Además considera que le cuesta mucho creer que el juez haya desconocido la situación, aún pese a que había tercerizado la administración de sus inmuebles.

La diputada nacional por Buenos Aires Fernanda Gil Lozano fue quien presentó, en 2009 a la Procuraduría de la Nación, la nómina de 613 direcciones donde funcionaban prostíbulos, más un montón de números telefónicos cuyas direcciones no se pudieron identificar pero dedicados a la misma actividad.

La legisladora de la Coalición Cívica comentó que la labor se realizó con un grupo de habitantes de la ciudad y la colaboración de la ONG “La Alameda”. “Después, un vecino nos dijo que una de las propiedades era de (Raúl Eugenio) Zaffaroni”, el juez de la Suprema Corte y “nosotros respondimos que se quedara tranquilo, que todo estaba en manos de la justicia y que todos los propietarios iban a ser investigados”, relató la integrante del Congreso.

A esto agregó que, en instancias de la entrega formal, idéntica tarea se realizó para con el periodismo “que investigó y saltó”. Según dijo, en esa lista había dos inmuebles que pertenecían al magistrado en cuestión. Explicado esto, aseguró que “por mi compromiso” asumido al momento de radicar la denuncia “yo no puedo hacerme la tonta”.

En idéntico sentido, Gil Lozano aseguró que hace dos años, cuando entregó el documento, “no tenía ni idea de quién era el propietario de las 613 direcciones, de las cuales dos eran de Zaffaroni”. A esto agregó que la inmobiliaria que administra los dos departamentos del juez “no tiene licencia, es trucha” y que la persona señalada por el magistrado como el administrador de los bienes “vive con Zaffaroni, entonces cuando él dice ‘yo no sabía nada’ y ¿qué querés que te diga?”, se preguntó.

De todos modos, la integrante de la Cámara Baja de la Nación informó que también emitió un pedido a la Procuración para que explique el por qué de la demora en la difusión de estos detalles y, por ende, qué se hizo con la nómina hasta ahora. Incluso, la diputada confirmó que pedirá datos sobre los dueños de las demás propiedades considerando que son el resultado de “un trabajo hecho a pulmón con los vecinos” a los que, comentó “no puedo defraudar”.

Con respecto a la responsabilidad que le cabe al referente del Máximo Tribunal, dijo que “debe dar explicaciones y que no puede ser tan hilarante en las explicaciones” como lo fue hasta ahora, cuando sólo vertió algunos conceptos jocosos sobre la cuestión ante la requisitoria periodística. Asimismo dijo que se habla de “un nombre del poder, cabeza de uno de los tres poderes, entonces acá no es cuestión de hacerse víctima (como planteó el magistrado) sino dar las explicaciones que tiene que dar de acuerdo a la investidura que lleva”.

Para determinar las responsabilidades, Lozano redactó un Proyecto de Resolución para tener la oportunidad de realizarle todas las preguntas pertinentes al ministro pero, más que eso no puede hacer por su carácter de legisladora. No obstante consideró que no hay elementos para un juicio político y tampoco es para pedirle la renuncia “pero sí corresponde pedirle explicaciones”.

“Un explotador es un explotador. Si una persona, por acción u omisión, permite el proxenetismo y la trata, yo voy contra esa persona. Acá no hay espacio para la distracción y si vos sos un juez de la Nación que pertenece a la cabeza de uno de los tres poderes de la República no te podés permitir” tomar esto a la ligera.

Por otra parte, Gil recordó que, tal como pudo verificarse, “en esos departamentos había mujeres de Paraguay y de República Dominicana”, lo que lleva a “sospechar de trata de personas y proxenetismo”. Eso, para la legisladora, “no tiene nada que ver con una campaña política y él no es la víctima de esta situación; las víctimas son las mujeres que están siendo explotadas”.

Prostitución, explotación y trata de personas

La denunciante, abocada a la defensa de los derechos de las mujeres, recordó que ninguno de los tres conceptos implica necesariamente al otro. Si bien aceptó que la comercialización del cuerpo “puede ser autónoma y eso no es delito”, dijo que “en la ciudad de Buenos Aires cada vez queda menos lugar para la prostitución autónoma” porque “el negocio se va concentrando cada vez más”.

“Lo que es delito es la explotación que tampoco, necesariamente, está vinculada a la trata de personas”, aclaró. De todos modos indicó que en varios de los 613 departamentos señalados “había chicas de Paraguay y de República Dominicana que son las (Naciones) que proveen al comercio de la trata en Argentina”. Asimismo relató que se desconoce detalladamente cuál era la situación de estas muchachas pero, aunque “pueden no estar secuestradas, tampoco están libres porque hay todo un circuito de endeudamiento, amenazas, retención de documentos y distintas maneras de trabajo que tienen las redes de trata”.

http://www.notife.com/noticia/articulo/1036499/Fernanda_Gil_Lozano_solo_quiere_que_Zaffaroni_explique_su_situacion.html

2 de Agosto, 2011

EL JUEZ, ¿NO SABÍA?. Por Malú Kikuchi

Periodismo de Verdad: 31 de julio de 2011

  

El 15/12/2009, la Fundación Alameda que combate la trata de personas, denunció penalmente 613 prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo ante la Procuración General de la Nación, la UFASE, la justicia Contravencional de CABA y la Agencia Central Comunal de CABA. Nadie hizo nada.

El tema toma estado público al comprobarse que algunas viviendas que funcionaban como prostíbulos, eran propiedad del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni.

 

 

 

El Juez reconoce tener 15 propiedades, todas en blanco, declaradas y sin problemas legales, eso no está en discusión. Alega que no teniendo tiempo para ocuparse del asunto, tiene un administrador, que a su vez trabaja con una inmobiliaria. El Juez dice no tener idea quienes son sus inquilinos.

 

 

 

Pertinentes preguntas impertinentes. Una desgracia con un inquilino, es mala suerte. Dos desgracias con 2 inquilinos, es mucha casualidad. Tres desgracias con tres inquilinos, entra en lo que la policía llama MO, modus operandi. Cuando aparecen, hasta ahora seis domicilios alquilados a prostíbulos, es difícil creer en tanta mala suerte, toda junta y sobre una sola persona.

 

Los domicilios registrados a nombre del Juez Zaffaroni, usados como prostíbulos, están en: Av. Santa Fe 1240, 10º A; Vicente López 2217, 5º A; Marcelo T. de Alvear 1906 9º A; Paraguay 877, 1º; Pasaje Luis Dellepiane 668, 3º 8; Bacacay 3112, 6º B. ¿Es posible que el Juez no estuviera enterado?

 

 

 

El Juez que dice que no sabía y recién se entera de sus departamentos usados como prostíbulos, delega la administración de los mismos en Ricardo S. Montivero. Montivero aparenta ser más que un administrador, un socio del Juez.

 

 

 

En la declaración ante la AFIP del Juez, se lee: Zaffaroni Eugenio Raúl, CUIT 23-04299533-9, domicilio Av Boyacá 932, 1406 CABA; mismo domicilio fiscal. Agencia Nº 47, Av Álvarez Jonte 2376, 1416 CABA.

 

En la declaración ante la AFIP del administrador, se lee: Montivero Ricardo S., CUIL 20-08041540-1; Reg-seg. Social Empleador, domicilio fiscal Av. Boyacá 932, 1406 CABA; Agencia Nº 47, Av. Álvarez Jonte 2376, 1416 CABA. Comparten el domicilio fiscal. ¿El administrador/socio, ¿tampoco sabía quienes eran los inquilinos?

 

 

 

Ahora, el Juez sabe. ¿Por qué no ha denunciado a su administrador/socio, a la inmobiliaria y a los inquilinos? Es una pregunta difícil de contestar. El Juez sabe sobre leyes, ha sido durante 35 años juez penal, ¿no conoce la ley 12.331, la ley de Profilaxis, que en su artículo 17 se refiere a “las casas de tolerancia”? ¿El Juez va a seguir “tolerando” cobrar dinero de alquileres pagado con el trabajo de las prostitutas?

 

 

 

El Juez que dice que no sabía, evidentemente eligió mal a su administrador/socio/representante. Si Montivero no sabía que 6, ¡seis! departamentos eran usados como prostíbulos, Montivero no es demasiado despierto, o es muy distraído con los bienes de su empleador. Y si Montivero sabía quienes eran los inquilinos, en cualquiera de los dos casos, el Juez es muy malo eligiendo empleados o socios.

 

 

 

Si el Juez es tan malo, y lo es, eligiendo a sus colaboradores, si el Juez puede equivocarse tanto poniendo su confianza en quien no la merece (eso siempre que el Juez no supiera), ¿quien asegura que el Juez no se equivoca cuando imparte justicia?

 

 

 

Se supone que el Juez no frecuentaba los avisos del rubro 59 de algunos diarios (prohibido hace muy poco tiempo), porque ahí aparecían sus domicilios ofreciendo servicios sexuales a cambio de dinero, es decir, prostitución.

 

 

 

Se supone que el Juez no frecuenta sitios en la web donde se ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero, o sea prostitución, porque en las páginas prostibularias de “Tacos Altos” y “Mimosas Argentinas”, también aparecen sus domicilios. Pero el Juez, no sabía.

 

 

 

Ante las denuncias penales y la intimación de la diputada nacional Fernanda Gil Lozano de la CC, para que el Juez se presente ante la comisión de juicio político de la cámara, las respuestas mediáticas del Juez, no han sido como hubieran debido ser, de congoja y disculpas ante la sociedad.

 

 

 

Insiste en inventarse una persecución medíática. Resumiendo, en ¡seis! departamentos propiedad del Juez, funcionan ¡seis! prostíbulos, el Juez cobra los alquileres que provienen de un negocio prohibido por la ley, ¡y la culpa es de los periodistas! Una típica reacción K.

 

 

 

En el 2003, la fórmula presidencial Kirchner/Scioli, que ganó la elecciones, tenía como eslogan “Argentina, un país en serio”. En cualquier país medianamente serio, un juez de la Corte Suprema de Justicia, que no debe tener ni una multa por mal estacionamiento, ya hubiera renunciado. No es suficiente saber derecho, hay que defender valores. Argentina no es seria. Perdón por la insistencia, pero el Juez, ¿no sabía?

 

 

 

Decía un enorme poeta dominicano, Manuel del Cabral,

 

“El juez mientras descansa, limpia sus anteojos,

 

¿Y para qué los limpia si el sucio está en el ojo?”

 

 

 

El voto, el suyo, más el de él, más el del otro, más el de aquel; sumados pueden ser mayoría y cambiar esta triste, decadente y sucia historia.

 

 

 

Fuente: La Caja de Pandora

http://www.periodismodeverdad.com.ar/2011/07/31/el-juez-%C2%BFno-sabia-por-malu-kikuchi/

 

 

http://www.hacer.org/latam/?p=9619

18 de Julio, 2011

“¿Luchar contra la trata de personas?”

las12

Viernes, 8 de julio de 2011

 Por Fernanda Gil Lozano *

Participé en múltiples escraches a prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires donde se vendían mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas. Mientras nuestra presencia denunciaba la aberración, los tratantes se escapaban por lo techos bajo la inacción de las fuerzas de seguridad. Son 500 mil personas víctimas de la trata en nuestro país, sin embargo el barrio prostibular conocido como Las Casitas, en la provincia de Santa Cruz, se reabre gracias a una decisión judicial devenida del lobby de los tratantes. Esto ocurre, y no debe olvidarse, luego de un informe de la relatora de Naciones Unidas sobre Tráfico y Trata de Personas, Joy Ezeilo, que ponía en evidencia la falta de políticas públicas del Estado nacional para combatir la trata de personas y proteger seriamente a sus víctimas y potenciales víctimas. Ante todo esto, el anuncio de la Presidenta es una medida, no una política pública. ¿Para cuándo un programa nacional que combata y proteja a las víctimas y potenciales víctimas? Combatir la trata de personas requiere de una decisión política seria. Y es esa decisión la que la Presidenta mostró no tener.

* Historiadora, diputada nacional y candidata a legisladora nacional por la ciudad de Buenos Aires para continuar su mandato por la Coalición Cívica.

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/subnotas/6609-721-2011-07-08.html

13 de Julio, 2011

Plenario de comisiones del Senado

12-7-2011

Analizan cambios en la ley de trata de personas. Será durante una reunión de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, que se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 14.30, en el Salón Arturo Illia del Congreso. Disertarán legisladores y asociaciones de meretrices.

 

Mediante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, el Senado continuará con el tratamiento para modificar la ley de trata de personas: la reunión será este miércoles, a partir de las 14.30, en el Salón Arturo Illia del Congreso.

 

Para exponer sobre el tema fueron invitadas las diputadas nacionales Fernanda Gil Lozano y Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), y María Luisa Storani (UCR); el presidente de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo; el titular del Tribunal Oral Criminal 1 de Necochea y de la Asociación Pensamiento Penal, Mariano Juliano; el abogado de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), Gastón Finger; la secretaria adjunta de dicha institución, Jorgelina Sosa; la responsable de la filial de AMMAR La Plata, Soledad Díaz; y la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Sidonie Porterie.

 

El objetivo es escuchar la opinión de los expertos y demás invitados en relación con la iniciativa de dictamen elaborada por la Comisión de Justicia –liderada por la senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero- para modificar la ley de trata vigente. El texto en cuestión tiene origen proyectos presentados por los tucumanos Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla (kirchnerismo); el chaqueño Roy Nikisch (radicalismo); la formoseña Adriana Bortolozzi (justicialismo); y la puntana Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal).

 

Una parte del dictamen señala: “El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”. La medida trata, en efecto, de uno de los aspectos más cuestionados de la normativa vigente. Además se incluye una nueva definición del delito de trata. No obstante, se deberá determinar si se tiene en cuenta para la redacción final un proyecto que presentó recientemente Juan Carlos Romero, compañero de bancada de Escudero.

 

Registro de datos genéticos

Una vez finalizada la discusión en relación con la trata de personas, el cuerpo legislativo que preside la senadora salteña tratará un predictamen que establece la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

 

El texto en cuestión es una unión de tres iniciativas: una es de Escudero; otra, del titular de la bancada kirchnerista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto; mientras que la tercera es del radical Ramón Mestre.

 

La propuesta de la legisladora del Peronismo Federal, que reproduce el texto que el Senado había aprobado en noviembre de 2008, y que caducó en Diputados por falta de tratamiento, propone la creación, en el ámbito del ministerio de Justicia, de un registro de datos genéticos para facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada con delitos contra la integridad sexual.

Escudero fundamenta: “El trámite de sanción de la ley quedó trunco ya que, inexplicablemente, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares características el 11 de marzo de 2009, sin tener a la vista siquiera la media sanción que había aprobado con anterioridad la Cámara alta. Habiendo caducado ambas sanciones, volvemos a presentar este importantísimo proyecto que debería ser considerado prioritario y aprobado a la brevedad”.

http://www.parlamentario.com/noticia-38073.html

6 de Julio, 2011

Nuestro proyecto

Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica/ARI): “La Presidenta Cristina Fernández tomó nuestro proyecto para elaborar el Decreto que prohíbe la oferta sexual en los medios”

Publicado por El Ojo Digital

La Diputada Nacional Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica, Ciudad de Buenos Aires) afirmó hoy: “Agradezco a la Presidenta que haya tomado nuestro proyecto para elaborar el decreto que prohíbe la oferta sexual en los diarios. Ciertamente hubiese sido mucho mejor que el oficialismo hubiera aprobado nuestra iniciativa que aguarda su tratamiento en el Congreso porque siempre es mejor que estas medidas tengan fuerza de ley”.

Gil Lozano presentó hace más de un año un proyecto de Ley que contempla la prohibición de la oferta de sexo en medios de comunicación tanto gráficos como audiovisuales y de soporte digital. “Es auspicioso que el gobierno comience de una vez a tomar acciones contra la trata de personas. El tema es que esas medidas deben ser también parte de una política pública diseñada seriamente. No se trata de prohibir sólo la oferta sexual cuando 500 mil personas desaparecen en este país en manos de redes de tratantes. Esperaba un anuncio que contemplara un programa federal en serio para asistir a las víctimas de trata y prevenir este aberrante negocio. Así planteado parece una acción electoralista. Hay que recordar que en la  última visita a la Cámara de Diputados, Aníbal Fernández trató de mentirosas a las organizaciones sociales y a mí por denunciar esta flagrante violación a los derechos humanos y exigir esa política pública global que sigue sin aparecer”.

Para la diputada porteña de la fuerza que conduce Elisa Carrió, “de todos modos me alegra esta medida, aunque se demuestra una vez más que las mejores iniciativas que tiene el gobierno son tomadas de las propuestas de la Coalición Cívica: pasó con el ingreso ciudadano a la niñez y vejez, la renovación de la Corte Suprema, la anulación de las leyes de impunidad y ahora, con la prohibición de la oferta sexual en los diarios”.

Prensa – Coalición Cívica-ARI

http://www.elojodigital.com/contenido/9872-fernanda-gil-lozano-coalicion-civicaari-la-presidenta-cristina-fernandez-tomo-nuestro

6 de Julio, 2011

Las mejores iniciativas que tiene el gobierno son tomadas de las propuestas de la Coalición Cívica

 “Pasó con el ingreso ciudadano a la niñez y vejez, la renovación de la Corte Suprema, la anulación de las leyes de impunidad y ahora, con la prohibición de la oferta sexual en los diarios” (Fernanda Gil Lozano)

Gil Lozano recuerda que

el proyecto de Cristina Fernández

le pertenece

 

Publicado por UPI.COM: 6 jul. 2011 4:38 AM

BUENOS AIRES, jul. 5 (UPI) — La diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, recordó que un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández responde a un proyecto de su autoría.

“Agradezco a la Presidenta que haya tomado nuestro proyecto para elaborar el decreto que prohíbe la oferta sexual en los diarios. Ciertamente hubiese sido mucho mejor que el oficialismo hubiera aprobado nuestra iniciativa que aguarda su tratamiento en el Congreso porque siempre es mejor que estas medidas tengan fuerza de ley”.

Gil Lozano presentó hace más de un año un proyecto de Ley que contempla la prohibición de la oferta de sexo en medios de comunicación tanto gráficos como audiovisuales y de soporte digital. “Es auspicioso que el gobierno comience de una vez a tomar acciones contra la trata de personas. El tema es que esas medidas deben ser también parte de una política pública diseñada seriamente. No se trata de prohibir sólo la oferta sexual cuando 500 mil personas desaparecen en este país en manos de redes de tratantes”.

“Esperaba un anuncio que contemplara un programa federal en serio para asistir a las víctimas de trata y prevenir este aberrante negocio. Así planteado parece una acción electoralista. Hay que recordar que en la última visita a la Cámara de Diputados, Aníbal Fernández trató de mentirosas a las organizaciones sociales y a mí por denunciar esta flagrante violación a los derechos humanos y exigir esa política pública global que sigue sin aparecer”, explicó la legisladora.

“De todos modos me alegra esta medida, aunque se demuestra una vez más que las mejores iniciativas que tiene el gobierno son tomadas de las propuestas de la Coalición Cívica: pasó con el ingreso ciudadano a la niñez y vejez, la renovación de la Corte Suprema, la anulación de las leyes de impunidad y ahora, con la prohibición de la oferta sexual en los diarios”, concluyó.

LATAM: Reporte (dr)

http://espanol.upi.com/Politica/2011/07/06/Gil-Lozano-recuerda-que-proyecto-de-Cristina-Fernndez-le-pertenece/UPI-20001309937880/

5 de Julio, 2011

Sobre los anuncios presidenciales

“Si la Presidenta va a anunciar algunas de las medidas que nosotros contemplamos en el proyecto de reforma, en buena hora. Lo importante es que se haga algo y pronto”. (Fernanda  Gil Lozano)

 ”Yo creo que el oficialismo pone siempre trabas porqué quiere sacar provecho de las circunstancias y anotarse su solución cómo iniciativa propia. No veo otro motivo a la vista. Si contamos siempre con el consenso de ellos para lograr sintetizar 17 proyectos en uno solo. El único justificativo es quererse apropiar de otra iniciativa”. (Fernanda Gil Lozano)

Gil Lozano y Vega dicen porqué Diputados no llevó al recinto Trata de Personas

2011-07-05 14:58

Los diputados de la Coalición Cívica aseguran que “razones políticas del FpV y de la UCR, impidieron su debate”. Hoy la Presidenta hará un anuncio con respecto a la problemática. Duro informe de Joy Ezeilo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

La Presidenta de la Nación anunciará medidas para potenciar la lucha contra la trata de personas, ya sea por explotación sexual; laboral; extracción de órganos o reducción a la servidumbre. 

A pesar de que existe una ley vigente que contempla el tema en discusión, la realidad cotidiana ha desnudado falencias de la norma, por lo cual, tanto senadores cómo diputados vienen bregando, desde hace más de seis meses, introducirle las modificaciones necesarias. Pero hasta el momento innumerables y constantes trabas malograron el intento. 

En la Cámara baja, a pesar de contar con los dictámenes correspondientes, el proyecto no pudo llegar, todavía, al recinto. Lo mismo ocurre en el Senado. En Diputados, Trata de Personas integró varias veces la agenda de sesiones, pero a último momento fue descartado. Al respecto, NCN consultó al titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, quien, sin rodeo expresó los motivos antes expuestos. “Lo que está pasando con esta ley, es que, a  las dos personas que tienen que decidir sobre su tratamiento en el recinto, Agustín Rossi y Ricardo Gil Lavedra, no les interesa hacer olas con este tema en un año netamente político y electoral. Lo mismo pasa con Anticorrupción; Régimen Penal Juvenil, y todos aquellos temas que pueden ser molestos para el establishment”, remarcó el diputado de la Coalición Cívica. 

En tanto, la diputada Fernanda Gil Lozano, una de las impulsoras de la actual reforma, afirmó: “Si la Presidenta va a anunciar algunas de las medidas que nosotros contemplamos en el proyecto de reforma, en buena hora. Lo importante es que se haga algo y pronto”. Preguntada sobre si conoce el motivo de porqué Trata de Personas tiene tantos inconvenientes en ser debatido en el recinto, puntualizó: “yo creo que el oficialismo pone siempre trabas porqué quiere sacar provecho de las circunstancias y anotarse su solución cómo iniciativa propia. No veo otro motivo a la vista. Si contamos siempre con el consenso de ellos para lograr sintetizar 17 proyectos en uno solo. El único justificativo es quererse apropiar de otra iniciativa”. 

También Gil Lozano advirtió que el ¨Gobierno “debe estar muy preocupado por el informe adverso y duro que brindó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, su Relatatora Especial sobre Tráfico y Trata de Personas, doctora Joy Ezeilo sobre la situación en la Argentina”. 
Informe de Joy Ezeilo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

Concretamente, el informe sobre Argentina remarca 10 señalamientos a destacar sobre la situación actual: 
1) Que aumentó la trata laboral y sexual en la Argentina. 
2) Que la Argentina claramente se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas 
3) Que es alarmante la impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y los horribles abusos a las víctimas. 
4) Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales del Estado y que se destinan «pocos recursos» a esta labor; 
5) Que hay una inadecuada protección tanto las víctimas como las personas e instituciones involucradas en ofrecerles asistencia y apoyo. 
6) Que aumentó la trata de niños, especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa. 
7) Que los inspectores laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también ha aumentado, pero está “mucho más oculta” que la sexual. 
8) Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes” 
9) Le aconsejó al Gobierno aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina, en especial Bolivia, Paraguay y República Dominicana. 
10) También recomendó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que aplique una política de «tolerancia cero» a la corrupción, para «asegurar que cualquier agente involucrado en el crimen de la trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigado. 
Formas y manifestaciones de la Trata de Personas 
El Informe detalla que como un país de destino, mujeres y niños son tratados a Argentina para explotación sexual mayoritariamente desde Brasil, Republica Dominicana, Paraguay, y Perú, mientras las víctimas de explotación laboral generalmente provienen de Bolivia (plurinacional estado de), Colombia, República Dominicana, Paraguay, y Perú. 
Con respecto a la trata interna, las victimas generalmente son trasladadas desde áreas rurales y provincias pobres del Norte a ciudades y provincias más ricas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. Provincias norteñas como Misiones (en el área de la triple frontera), Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán son áreas típicas de reclutamiento de mujeres víctimas de trata interna para explotación sexual. 
Argentina también es un país de origen y tránsito para mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual en otros países latinoamericanos y europeos, mayoritariamente Italia y España. 

La Relatora Especial de la ONU señala en el Informe que en diciembre 2001, Argentina experimento una grave crisis política, social, y económica que produjo altos niveles de desempleo y pobreza. Aunque el país se está recuperando gradualmente, un gran segmento de la población continúa sufriendo la exclusión social y una incapacidad para satisfacer completamente sus derechos económicos, sociales, y culturales. Esto tiene un efecto profundo en la vulnerabilidad de potenciales víctimas, que están sujetas a ser presa de tratantes cuando buscan medios de subsistencia. Al mismo tiempo, por causa del crecimiento económico y recuperación que el país ha experimentado en años recientes, y la situación total de subdesarrollo en la región, Argentina atrae inmigrantes de países limítrofes quienes podrían convertirse victimas de trata, puesto que raramente ingresan al país de manera regular

 http://www.ncn.com.ar/notas/11718-gil-lozano-y-vega-dicen-porque-diputados-no-llevo-al-recinto-trata-de-personas.html

29 de Junio, 2011

Informe 2011 sobre Trata de Personas de EEUU

 

 

 

 

 

A continuación el documento emitido por el Departamento de Estado de EEUU que da cuenta de la calificación asignada a nuestro país.

Publicado por la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas

27 de junio de 2011

ARGENTINA (Categoría 2)

Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso. Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del norte son forzadas a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país. La zona de la triple frontera con Paraguay y Brasil constituye un área importante para la captación de víctimas argentinas de la trata con fines de explotación sexual y una zona de tránsito para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado provenientes de Paraguay. Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Bolivia y Perú y en menor grado, de Brasil y República Dominicana son forzados a ejercer la prostitución en Argentina. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del norte del país son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios. Funcionarios informaron que en la Capital Federal podrían existir víctimas de la trata con fines de explotación laboral para la venta callejera y pedido de limosnas. Durante el período que abarca el presente informe, el gobierno argentino identificó una cantidad significativa de ciudadanos argentinos y bolivianos sometidos a trabajo forzoso en áreas rurales. El turismo sexual infantil ocurre en la zona de la triple frontera y en Buenos Aires. Argentina es un país de tránsito para mujeres y niñas extranjeras víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Chile, Brasil, México y Europa Occidental. Asimismo, algunas mujeres y niñas son encontradas ejerciendo la prostitución forzada en Europa Occidental. Las extensas fronteras de Argentina dificultan el monitoreo y convierten al país en lugar de tránsito para los tratantes y sus víctimas.

El gobierno de Argentina no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en ese sentido. Durante el año pasado, el gobierno de Argentina identificó un número récord de víctimas de la trata que incluyeron una importante cantidad de víctimas del trabajo forzado. Se incrementaron las acciones judiciales y condenas de los tratantes y subvencionó diversos refugios para las víctimas de la trata, algunos de los cuales fueron inaugurados durante el período en cuestión. No obstante ello, la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación con la cantidad de víctimas identificadas; los servicios especializados continúan siendo dispares en todo el país y la significativa cantidad de manifestaciones que dan cuenta de la supuesta complicidad de algunos funcionarios de gobierno en el ámbito local y nacional impidieron avances más sustantivos en la lucha contra la trata.

Recomendaciones para Argentina:

víctimas, especialmente refugios y servicios especializados a nivel nacional y provincial junto a las ONG; continuar con las capacitaciones en materia de trata para agentes de seguridad, fiscales, jueces y demás funcionarios públicos; desarrollar e implementar protocolos para funcionarios a nivel provincial/municipal a fin de identificar y asistir a las víctimas de la trata; fortalecer la coordinación en materia de trata entre el gobierno nacional y los provinciales, y entre los diversos actores a nivel nacional, posiblemente mediante el desarrollo de un plan nacional contra la trata de personas e implementar esfuerzos a nivel nacional para concientizar sobre todas las formas de trata.

Continuar implementando enérgicamente la nueva ley para combatir la trata de personas a través de mayores esfuerzos de investigación, persecución penal y condenas a los tratantes y personas vinculadas al delito de trata, incluidos los funcionarios públicos que puedan ser cómplices de este delito; considerar la modificación de leyes para asegurar que las causas no sean desestimadas sobre la base del consentimiento inicial de las víctimas a su explotación y fortalecer las garantías para las víctimas; intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley para desarticular las redes de trata, investigando los activos relacionados con este delito; continuar aumentando la cantidad de investigaciones sobre los delitos de trabajo forzoso y los relacionados con la servidumbre doméstica en zonas rurales y urbanas y hacer judicialmente responsables a las empresas cuyas cadenas de abastecimiento se benefician del trabajo forzado; destinar más recursos para la asistencia a las

Persecución penal

El año pasado, el gobierno de Argentina aumentó los esfuerzos de aplicación y cumplimiento de la ley de combate a la trata de personas y también incrementó en forma significativa los esfuerzos para investigar el trabajo forzado en áreas rurales, si bien la Relatora Especial de la ONU sobre Trata de Personas, citando a las ONG y a los medios como fuente, informó sobre niveles significativos de complicidad oficial en materia de trata de personas por parte de funcionarios provinciales y municipales y de miembros de las fuerzas de seguridad de esos distritos. Argentina prohíbe toda forma de trata en virtud de la Ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince años, según los agravantes. Dichas penas son lo suficientemente estrictas y equivalentes o superiores a las estipuladas para otros delitos graves como la violación. La actual ley de combate a la trata permite que los fiscales o jueces pongan en duda la validez del consentimiento inicial de la víctima para participar en una actividad, aún cuando haya mediado fuerza, fraude o coerción. Distintas comisiones parlamentarias debatieron modificaciones al respecto en la actual ley, entre otras cuestiones. En febrero de 2011, las autoridades argentinas anunciaron que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en todas las causas de trabajo forzado, un notable avance que puede disminuir la presión sobre las víctimas de trata por iniciar acciones legales mediante la presentación formal de una denuncia contra las personas que las sometieron a la trata. En un esfuerzo interministerial, las autoridades aumentaron significativamente la cantidad de investigaciones de delitos relacionados con el trabajo forzado durante el período que abarca el presente informe. No obstante, las acciones penales por delitos relacionados con el trabajo forzado fueron pocas en relación con la cantidad de causas judiciales por prostitución forzada. El único caso de delito relacionado con trabajo forzado que la Justicia concluyó desde la aprobación de la ley de combate a la trata de personas en 2008 resultó en absolución. Los funcionarios de las fuerzas de seguridad trabajaron en coordinación con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas durante los allanamientos llevados a cabo en investigaciones de trata. En 2010, las autoridades realizaron 107 investigaciones preliminares y a fines de 2010, existían 78 procesamientos en curso por trata de personas en todo el país. Durante el período que cubre el presente informe, la Justicia logró condenar a 15 personas relacionadas con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, con penas privativas de la libertad que fueron de 2 a 15 años. Esto representa un aumento significativo en la cantidad de condenas con respecto al año anterior en el que las autoridades informaron sobre tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual, con sentencias que variaron entre cuatro años de arresto domiciliario a 10 años de cárcel.

Además de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) dependiente del Ministerio Público Fiscal, que también interviene en casos de secuestros, al menos diez provincias mantuvieron sus propias unidades especializadas de aplicación de la ley para investigar casos de trata. Según algunas organizaciones no gubernamentales, existió una débil coordinación entre los funcionarios de las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales. Como la trata es un delito federal, algunos casos pueden ser investigados o perseguidos penalmente a nivel local al igual que otros delitos como promover o facilitar la prostitución, y no ser transferidos a las autoridades apropiadas. Las autoridades argentinas buscaron asociarse con gobiernos extranjeros como el de Paraguay para investigar varios casos de trata. El gobierno continuó la capacitación en temas de trata de personas y asistencia a la víctima para funcionarios judiciales, de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios. Sin embargo, se necesita intensificar la capacitación de funcionarios en temas relacionados con la investigación y el procesamiento adecuados de los delitos de trata así como también con la manera de identificar y asistir a las víctimas. Según las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales, algunos funcionarios

provinciales, municipales e inclusive, en menor medida, nacionales participan directa o indirectamente en la trata de personas. Según lo informado, algunos funcionarios policiales consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes. Las ONG manifestaron que en algunos casos, funcionarios provinciales o nacionales a cargo de investigar casos de trata o de asistir a las víctimas estaban denunciados en el fuero penal, eran corruptos o ineficientes. En 2010, el jefe de la unidad anti-trata de la policía fue acusado de administrar burdeles y permanece bajo investigación, aunque sigue en la fuerza. En noviembre de 2010, la UFASE realizó una investigación que implicó a 90 funcionarios de la policía de Buenos Aires en la falsificación de registros para proteger burdeles a cambio de sobornos; en algunos de estos burdeles se explotaban niños. En marzo de 2011, cinco inspectores de policía implicados en este caso fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, durante el año pasado el gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario gubernamental involucrado en la trata de personas.

Protección

Durante el período que abarca este informe, el gobierno incrementó los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de trata aunque varios legisladores y ONG manifestaron que los recursos que el gobierno asignó a estos esfuerzos parecieron ser insuficientes en comparación con la gran cantidad de víctimas identificadas, así como la disparidad de los servicios en todo el país. En enero de 2011, las autoridades lanzaron un programa más riguroso de inspecciones laborales dedicado a áreas rurales, que brinda a los inspectores laborales, en teoría, herramientas actualizadas para verificar la información sobre la modalidad de inscripción de los trabajadores. Anteriormente, las ONG hicieron notar que los inspectores laborales no contaban con capacitación suficiente para poder identificar a las víctimas de trata. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos proactivos similares para identificar a las víctimas de explotación sexual entre poblaciones vulnerables como es el caso de mujeres en la prostitución. El gobierno nacional mantuvo un refugio temporario en la capital para asistir a las víctimas de trata antes de declarar. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales trabajaron junto a una ONG en cuatro refugios para mujeres y niños víctimas de trata sexual en todo el país, tres de los cuales fueron inaugurados durante el período que abarca este informe. Uno de los refugios fue administrado por una ONG mientras que los otros incorporaron a profesionales pagos por el gobierno, capacitados y asistidos por la ONG antes mencionada. Casi todos estos refugios tienen un régimen “cerrado” y no permiten que las víctimas salgan a voluntad. En áreas que no cuentan con estos refugios especiales, las víctimas de la trata pueden ser derivadas a refugios para víctimas de violencia doméstica o para niños en situación de riesgo, que son públicos y operados por el gobierno, aunque no estuvo claro si durante el período del informe estas instituciones asistieron a víctimas de trata. En otros casos, las autoridades ubicaron a las víctimas en hoteles, algo que según las ONG, hizo a las víctimas más vulnerables a la intimidación o pasibles de ser secuestradas por los tratantes. De acuerdo a estas organizaciones, la calidad y el nivel de asistencia a las víctimas varía significativamente según la provincia. El gobierno no brindó asistencia especializada ni refugios para víctimas adultas de sexo masculino.

La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas del gobierno, que cuenta en Buenos Aires con un equipo interdisciplinario compuesto por diecinueve personas brindó asistencia inmediata posterior al rescate a algunas de las víctimas rescatadas tales como acceso a servicios legales, médicos y psicológicos. En 2010, esta oficina informó haber rescatado y asistido a 569 víctimas de la trata, de las cuales, más del 80 por ciento eran adultas. Las ONG no coincidieron en sus evaluaciones sobre la efectividad de la oficina. Los gobiernos de las provincias de Salta y Chaco mantuvieron sus propias oficinas de asistencia a las víctimas. Las autoridades argentinas alentaron a las víctimas a colaborar en la investigación y el impulso de las causas contra sus tratantes; sin embargo, algunos funcionarios informaron sobre deficiencias en la protección brindada a las víctimas que declaran en causas de trata. Si bien la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia es responsable de brindar asistencia a las víctimas de trata luego de que hayan colaborado en los procesos judiciales, los esfuerzos de reintegración brindados a las víctimas fueron limitados. La Secretaría no informó sobre fondos destinados a brindar servicios a las víctimas y algunos funcionarios manifestaron que los mecanismos de asistencia a las víctimas eran con frecuencia poco claros. No hubo informes específicos sobre víctimas identificadas que fueran encarceladas o penalizadas por cometer actos ilícitos en relación directa con la trata. Durante el período cubierto por este informe,

las autoridades informaron haber dado residencia temporaria a algunas víctimas extranjeras. La política de inmigración argentina contempla la posibilidad de otorgar residencia permanente, si bien esta disposición no se aplica solamente a los casos de trata. No hubo informes de víctimas extranjeras de trata que recibieran estos permisos de residencia durante el período que abarca este informe. El gobierno no informó haber identificado o asistido a ninguna víctima argentina de trata repatriada.

Prevención

El gobierno de Argentina sostuvo actividades de prevención limitadas: varios gobiernos provinciales organizaron campañas contra la trata, aunque el gobierno no informó sobre ninguna acción de concientización a nivel nacional. Si bien el gobierno no posee un plan nacional contra la trata, las autoridades conservan una mesa redonda para debatir sobre el tema. La UFASE publicó una reseña sobre sus acciones contra la trata durante 2010 y la Oficina de Rescate publicó en varias oportunidades estadísticas a través de la agencia nacional de noticias. La Ciudad de Buenos Aires estableció un comité de lucha contra la trata. Las ONG manifestaron que la coordinación insuficiente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales seguía obstaculizando la efectividad de los esfuerzos contra la trata de personas como así también, la limitada o inexistente financiación para las iniciativas provinciales o locales contra la trata. El Código Penal Argentino no prohíbe específicamente el turismo sexual infantil, aunque sí prohíbe mantener sexo con menores y el gobierno no informó haber investigado, procesado o condenado a ningún ciudadano argentino por delitos de turismo sexual infantil en el exterior. El gobierno brindó capacitación para el combate a la trata de personas a tropas argentinas previo a su despliegue en operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz. Las autoridades no informaron sobre esfuerzos para reducir la demanda del comercio sexual.