Fernanda
Gil Lozano

La ex diputada e investigadora de estudios de género, Fernanda Gil Lozano, cuestionó al Estado por no encarar soluciones a fin de combatir el delito de trata de personas.

Sostuvo que es necesario modificar la ley de trata para poder  resolver una mayor cantidad de casos.

 
Neuquén > “Es muy raro que la trata de personas tenga anuencia o permisividad si esta sociedad no padeciera de violencia de género”, afirmó Fernanda Gil Lozano, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y ex diputada, quien brindó una conferencia en esta ciudad en el que abordó ambos temas.
En cuanto a la violencia de género, Gil Lozano precisó que para erradicarla “falta todo”. Señaló que la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres “en realidad no previene ni sanciona a nadie”. “Es una ley que tardó cerca de dos años en reglamentarse, hay mucha tipología que en la ley está pero no está en el Código Penal, con lo cual habría que hacer una serie de modificaciones”.
Además afirmó que “hay que poner en valor la vida de las mujeres. Se sanciona más a alguien que roba una vaca que a una persona que le pega a una mujer, y esto significa que algo no está funcionando”.

La ex diputada de la Coalición Cívica señaló que las políticas neoliberales de los años ’90 dejaron “a una parte de la población fuera de los procesos económicos que dieron lugar a la exclusión social. Y en este contexto, creo que la prostitución es el producto de las sociedades desiguales, donde hay prostitución hay desigualdad, de lo contrario abría otro tipo de intercambio, de acuerdo”.

La postura del Estado

Criticó el carácter laxo que presenta el Estado argentino al momento de abocarse al análisis, al estimar que la prostitución en el país es encarada desde el marco abolicionista, “no la prohíbe, no la reglamenta, no la alienta, pero dice que si dos personas mayores de edad tienen un determinado acuerdo, esa actividad no es punible, es decir no penaliza ese acuerdo. Considera punible, cuando hay un tercero que se queda con la plata”.

En ese sentido, Gil Lozano planteó la necesidad de modificar la ley de trata con el objetivo de resolver estos casos.

En cuanto a los sectores que defienden la prostitución autónoma considerándolo un servicio, Gil Lozano especificó que la prostitución “es el producto de una sociedad desigual; la prostitución siempre es forzada”. Y se preguntó: “Se elige ser prostituta o se está optando en un momento de crisis donde a esa mujer no le queda qué elegir. Eso no es una elección sino una opción para ganar más dinero. El estigma que existe sobre la mujer que ejerce esa opción no es la misma que tiene una obrera; un hijo puede decir ‘mi mamá es obrera’ pero no puede decir ‘mi mamá es una trabajadora sexual’.

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/3/24/la-prostitucion-es-el-producto-de-una-sociedad-desigual_141390

La diputada Gil Lozano sostuvo que la trata de personas no se soluciona prohibiendo los avisos prostibularios: “No creo que este sea un día histórico en la lucha contra la trata. La prohibición del rubro 59 es una aspirina contra el cáncer. Es una reacción, no es un diseño de política pública. Si queremos combatir la trata, la clave es modificar la ley actual.”

Publicado por Tiempo Argentino, el 10 de julio 2011

Desde hace tres años, la Argentina cuenta con herramientas para prevenir uno de los delitos más aberrantes: la trata de personas. A ese marco normativo se suma la reciente promulgación del Decreto 936/2011, que prohíbe la publicación de avisos prostibularios con el objetivo de combatir  las redes de explotación sexual y eliminar una de las tantas formas de discriminación contra la mujer.

A pesar de eso, los especialistas consultados por Tiempo Argentino coincidieron en que la ley actual, vigente desde el 30 de abril de 2008, es insuficiente. La diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), que elaboró el proyecto de ley en el que se basa el decreto promulgado por la presidenta Cristina Fernández, aseguró: “Con la legislación actual, el Estado argentino hace diferencia entre las víctimas: las mujeres menores de 18 años son consideradas víctimas, mientras que las mayores están sujetas a un supuesto consentimiento. Esto, así, no sirve. Las redes de trata no hacen diferencia entre menores y mayores, ¿por qué el Estado sí?”

En el mismo sentido, Mario Ganora, vicepresidente de la ONG La Alameda, señaló: “Debe realizarse una profunda reforma de la ley, como también organizar un sistema de protección de las víctimas más eficiente que el actual”. De todos modos, Ganora consideró que el decreto que prohíbe los avisos prostibularios “es un paso importante en la lucha contra el proxenetismo, porque el Estado está obligado por ley a prohibir la explotación de la prostitución ajena. El medio gráfico o audiovisual intermedia entre quien oferta el sexo y el que lo demanda. Sin esta ley, se estaba realizando un acto de proxenetismo en sentido técnico. Esta es una norma de lucha contra la discriminación.”

En disonancia con Ganora, la diputada Gil Lozano sostuvo que la trata de personas no se soluciona prohibiendo los avisos prostibularios: “No creo que este sea un día histórico en la lucha contra la trata. La prohibición del rubro 59 es una aspirina contra el cáncer. Es una reacción, no es un diseño de política pública. Si queremos combatir la trata, la clave es modificar la ley actual.”

Ambos especialistas coincidieron en que la legislación más avanzada del continente en relación a este delito se encuentra en Colombia. Además, señalaron los progresos que están experimentando, en ese mismo sentido, países como Brasil y Perú.

http://tiempo.elargentino.com/notas/una-ley-que-no-alcanza

“Si la Presidenta va a anunciar algunas de las medidas que nosotros contemplamos en el proyecto de reforma, en buena hora. Lo importante es que se haga algo y pronto”. (Fernanda  Gil Lozano)

 ”Yo creo que el oficialismo pone siempre trabas porqué quiere sacar provecho de las circunstancias y anotarse su solución cómo iniciativa propia. No veo otro motivo a la vista. Si contamos siempre con el consenso de ellos para lograr sintetizar 17 proyectos en uno solo. El único justificativo es quererse apropiar de otra iniciativa”. (Fernanda Gil Lozano)

Gil Lozano y Vega dicen porqué Diputados no llevó al recinto Trata de Personas

Los diputados de la Coalición Cívica aseguran que “razones políticas del FpV y de la UCR, impidieron su debate”. Hoy la Presidenta hará un anuncio con respecto a la problemática. Duro informe de Joy Ezeilo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 

La Presidenta de la Nación anunciará medidas para potenciar la lucha contra la trata de personas, ya sea por explotación sexual; laboral; extracción de órganos o reducción a la servidumbre. 

A pesar de que existe una ley vigente que contempla el tema en discusión, la realidad cotidiana ha desnudado falencias de la norma, por lo cual, tanto senadores cómo diputados vienen bregando, desde hace más de seis meses, introducirle las modificaciones necesarias. Pero hasta el momento innumerables y constantes trabas malograron el intento. 

En la Cámara baja, a pesar de contar con los dictámenes correspondientes, el proyecto no pudo llegar, todavía, al recinto. Lo mismo ocurre en el Senado. En Diputados, Trata de Personas integró varias veces la agenda de sesiones, pero a último momento fue descartado. Al respecto, NCN consultó al titular de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, quien, sin rodeo expresó los motivos antes expuestos. “Lo que está pasando con esta ley, es que, a  las dos personas que tienen que decidir sobre su tratamiento en el recinto, Agustín Rossi y Ricardo Gil Lavedra, no les interesa hacer olas con este tema en un año netamente político y electoral. Lo mismo pasa con Anticorrupción; Régimen Penal Juvenil, y todos aquellos temas que pueden ser molestos para el establishment”, remarcó el diputado de la Coalición Cívica. 

En tanto, la diputada Fernanda Gil Lozano, una de las impulsoras de la actual reforma, afirmó: “Si la Presidenta va a anunciar algunas de las medidas que nosotros contemplamos en el proyecto de reforma, en buena hora. Lo importante es que se haga algo y pronto”. Preguntada sobre si conoce el motivo de porqué Trata de Personas tiene tantos inconvenientes en ser debatido en el recinto, puntualizó: “yo creo que el oficialismo pone siempre trabas porqué quiere sacar provecho de las circunstancias y anotarse su solución cómo iniciativa propia. No veo otro motivo a la vista. Si contamos siempre con el consenso de ellos para lograr sintetizar 17 proyectos en uno solo. El único justificativo es quererse apropiar de otra iniciativa”. 

También Gil Lozano advirtió que el ¨Gobierno “debe estar muy preocupado por el informe adverso y duro que brindó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, su Relatatora Especial sobre Tráfico y Trata de Personas, doctora Joy Ezeilo sobre la situación en la Argentina”. 
Informe de Joy Ezeilo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

Concretamente, el informe sobre Argentina remarca 10 señalamientos a destacar sobre la situación actual: 
1) Que aumentó la trata laboral y sexual en la Argentina. 
2) Que la Argentina claramente se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas 
3) Que es alarmante la impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y los horribles abusos a las víctimas. 
4) Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales del Estado y que se destinan «pocos recursos» a esta labor; 
5) Que hay una inadecuada protección tanto las víctimas como las personas e instituciones involucradas en ofrecerles asistencia y apoyo. 
6) Que aumentó la trata de niños, especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa. 
7) Que los inspectores laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también ha aumentado, pero está “mucho más oculta” que la sexual. 
Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes” 
9) Le aconsejó al Gobierno aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina, en especial Bolivia, Paraguay y República Dominicana. 
10) También recomendó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que aplique una política de «tolerancia cero» a la corrupción, para «asegurar que cualquier agente involucrado en el crimen de la trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigado. 
Formas y manifestaciones de la Trata de Personas 
El Informe detalla que como un país de destino, mujeres y niños son tratados a Argentina para explotación sexual mayoritariamente desde Brasil, Republica Dominicana, Paraguay, y Perú, mientras las víctimas de explotación laboral generalmente provienen de Bolivia (plurinacional estado de), Colombia, República Dominicana, Paraguay, y Perú. 
Con respecto a la trata interna, las victimas generalmente son trasladadas desde áreas rurales y provincias pobres del Norte a ciudades y provincias más ricas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. Provincias norteñas como Misiones (en el área de la triple frontera), Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán son áreas típicas de reclutamiento de mujeres víctimas de trata interna para explotación sexual. 
Argentina también es un país de origen y tránsito para mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual en otros países latinoamericanos y europeos, mayoritariamente Italia y España. 

La Relatora Especial de la ONU señala en el Informe que en diciembre 2001, Argentina experimento una grave crisis política, social, y económica que produjo altos niveles de desempleo y pobreza. Aunque el país se está recuperando gradualmente, un gran segmento de la población continúa sufriendo la exclusión social y una incapacidad para satisfacer completamente sus derechos económicos, sociales, y culturales. Esto tiene un efecto profundo en la vulnerabilidad de potenciales víctimas, que están sujetas a ser presa de tratantes cuando buscan medios de subsistencia. Al mismo tiempo, por causa del crecimiento económico y recuperación que el país ha experimentado en años recientes, y la situación total de subdesarrollo en la región, Argentina atrae inmigrantes de países limítrofes quienes podrían convertirse victimas de trata, puesto que raramente ingresan al país de manera regular

 http://www.ncn.com.ar/notas/11718-gil-lozano-y-vega-dicen-porque-diputados-no-llevo-al-recinto-trata-de-personas.html

 2010-08-18 14:09

Publicado por NCN el 26/08/2010

Luego de un agitado debate de casi tres horas el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados firmó el dictamen que abre el camino para que la nueva ley de trata pueda ser debatida en el recinto. En desacuerdo con algunos puntos, Marcela Rodríguez firmó en minoría.

El dictamen aprobado fue en base al proyecto unificado de la Comisión de Legislación Penal, con algunos agregados del de la Comisión de Familia. Fundamentalmente, a pedido de Claudia Rucci se agregó entre los muchos agravantes de las penas el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad social o si padece trastornos mentales o alguna discapacidad. También, por sugerencia de Gladys González del PRO se incluyó como un agravante el hecho de que la víctima esté embarazada.

Otra modificación al proyecto fue a iniciativa de Ricardo Gil Lavedra: la eliminación de las multas. El diputado radical calificó a las mismas como “brutales” porque “no se corresponden con nada del Código Penal”. “En el Código Penal no hay multas mayores a los 200 mil pesos y acá se proponen arriba de los 300 mil”, explicó. Juan Carlos Vega, el titular de Legislación Penal estuvo de acuerdo.

El debate se inició tarde por la falta de quórum. Pero ni bien comenzado se empezaron a notar las disidencias entre los diputados que, a pesar de que permitieron que las expusieran, Rucci y Vega sugirieron las plantearan directamente en el recinto ya que eran varias las objeciones y que de esa manera no podría haber acuerdo para el dictamen.
Gladys González quería agregar como agravante el que la víctima fuera objeto de adopciones fraudulentas. Fernanda Gil Lozano, que quería que el dictamen se firmara hoy, le señaló que si bien la dos son trata, el tema era la trata sexual y no el tráfico de menores.
También la joven legisladora del PRO hizo hincapié en que “las penas no se han aumentado del todo” y propuso aumentar la pena mínima para que el delito no se convirtiera en excarcelable.
Vega fue el encargado de explicar el por qué dando tres causas. La primera de ellas fue que él no cree que el agravamiento de las penas disuada a alguien de cometer el delito. La segunda, que las penas corresponden a la escala del Código Penal y, por último que al subir las penas se violaría un principio básico del galantismo que es no dar la posibilidad de la excarcelación y por lo tanto se correría el riesgo de que alguien planteara la inconstitucionalidad de la ley.

Aunque estuvo de acuerdo, Gil Lozano señaló de todos modos que “partir de los 3 años de pena y dejar en libertad al tratante pone en riesgo la vida de la víctima”.
“Me parece que con este dictamen estamos cumpliendo lo que nos pidió la sociedad civil. Es mucho mejor esta ley que la que teníamos. Yo en un momento había pensado en agregar un capítulo sobre los derechos de las víctimas de trata pero lo plantearé en todo caso en el recinto para que este dictamen salga cuanto antes. Con respecto a las penas hubo un incremento y creo que estamos dentro del marco de lo que acordamos”, apuntó la diputada de la CC.

Mucho después Gil Lavedra hizo notar que al tener tantos agravantes la ley no quedaría nadie exento de prisión ya que el piso mínimo cuando hay un agravante es de 5 años.
Otro tema polémico fue la penalización del cliente. Muchos diputados la plantearon, entre ellos Marcela Rodríguez. Pero Vega intentó hacer entender que “si penalizamos al cliente corremos el riesgo de que la policía termine olvidándose del negocio y se dedique a perseguir a los consumidores de prostitución”. También explicó que de esa manera se pondrían obstáculos al “trabajo sexual libre y controlado”, lo cual sería inconstitucional.
Marcela Rodríguez arremetió: “Creo que hay que reprimir con una pena leve a quien entregue dinero a una víctima de trata”.

Por su parte, Patricia Bullrich opinó que “si penalizamos al usuario perdemos al único testigo que tenemos de la trata”. Gil Lozano resaltó que “la prostitución no está penalizada en la Constitución Nacional. Si quieren debatimos también la ley de proxenetismo pero no es lo mismo que la trata”.

Llegado su turno, María Luisa Storani propuso otra modificación que enseguida fue rebatida por su compañero de bancada, Gil Lavedra. Pretendía que se tomara como agravante el hecho de que la víctima quedara con secuelas físicas o psíquicas. El jurista respondió que sí o sí la víctima quedaría con secuelas al menos psíquicas, con lo cual todos los casos quedarían incluidos dentro del agravante.

Llegado ese punto tanto Gil Lavedra, Vega y Gil Lozano anunciaron que cada vez la posibilidad de un dictamen unificado se alejaba más si no llegaban a un acuerdo. Ante una moción de ésta última para que se votaran el dictamen es que se terminó el debate. Marcela Rodríguez, en desacuerdo con que no se pene al cliente y con las bajas penas anunció que sacará un dictamen en minoría.

http://www.ncn.com.ar/08/noticiad.php?n=7867&sec=2&ssec=&s=noticiad

http://www.montecaserosya.com.ar/2010/08/ley-de-trata-ya-tiene-dictamen.html

http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=63902&titulo=ley_de_trata:_diputados_ya_tiene_el_texto_y_los_votos_para_aprobar_en_el_recinto

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=73c738dd55218f995b96d39d1307d103

 SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA

El Ejecutivo Nacional rechaza rediseñar un programa de asistencia e inserción de las víctimas de trata. También niega los cambios a los artículos del código penal. A la ex policía de División de Trata, Nancy Miño, se le impidió hablar.

Por Lucas Schaerer

Las modificaciones a la Ley de Trata y artículos del código penal referentes a la esclavitud avanzan en parte. El Ejecutivo Nacional, a través de su secretario de Justicia y el fiscal dedicado a la Trata, planteó este jueves en el Congreso su posición respecto a los puntos que se buscan modificar de la ley creada en el 2008 y que no logró menguar la trata de personas para fines de explotación laboral o sexual, tampoco pudo con la asistencia a las víctimas del delito.

El consentimiento que figura en la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Nº 26.634) ya no es aceptada ni siquiera por el Ejecutivo que la había sostenido en la sanción de la ley “como su caballito de batalla” expresó la diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) que igual se alegra por el cambio de criterio del gobierno nacional.

Héctor Masquelet (ver foto), secretario de Justicia y máximo responsable del Programa de Rescate y Asistencia a las Víctimas, reconoció “el problema del consentimiento y el Ejecutivo esta de acuerdo en su eliminación”. En cambio, Masquelet planteó su negativa a que el Congreso crease por ley y bajo su supervisión un programa para la inserción de las personas traficadas y luego esclavizadas “eso es más adecuado al Ejecutivo por decreto”. De esta manera el funcionario nacional no dio acuse de recibo cuando la diputada Gil Lozano dijo que denunció penalmente el rol de una funcionaria de su área, puntualmente Zaida Gatti supervisora del programa que se encontraba en el sala 1 en el piso segundo del anexo de la Cámara.

Marcelo Colombo (ver foto quien habla al micrófono), el fiscal dedicado a la Trata, reconoció que existe agujeros presupuestarios y organizativos para asistir a las víctimas y agregó “todos estamos de acuerdo que deben ser mejorados los programas”.

Frente a Colombo estaba Gustavo Vera de la Alameda quien aprovechó para recordar a este medio “que el fiscal tiene dormida la lista de cien talleres clandestinos y 613 prostíbulos que le presentamos hace meses”.

Por su parte el secretario de Justicia Masquelet, que dijo haber recibido el borrador del dictamen 24 horas antes, planteó dudas respecto a las multas a los tratantes y rechazó abiertamente las modificaciones a tres artículos del código penal (artículos 140, 145 bis y 145 ter). Esta postura esta en las antípodas del abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Mario Ganora.

“Los diversos verbos en la ley no son una obstrucción sino que se vea la ley de estupefacientes. Esta plagada de verbos porque justamente existen diversas hipótesis del delito”, retrucó Ganora a Masquelet cuando éste ya no estaba en la sala aunque sí su subordinada la denunciada Zaida Gatti.

Ganora también discrepó con Masquelet que se niega a modificar el artículo 140 del código penal y le respondió argumentado que “en el artículo no figura la compra y venta de personas. Esto es esencial. Debe figurar explícitamente en la reforma que estamos discutiendo. Pensemos que el artículo 140 fue creado en 1921 y no se modificó desde entonces mientras que todos los convenios sobre esclavitud y trata son posteriores a 1926, así como los convenios sobre trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

El funcionario de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Alicia Pierini, habló de artículos sexistas y clasistas. “Es más protegido la cabeza de un cerdo que la libertad de una mujer. Sino vean el artículo 145 bis que pena de 3 a 6 años de prisión al apoderarse de un ser humano para su explotación mientras que el artículo 167 quater pena con 4 a 10 años el apoderarse de una cabeza de ganado”. El artículo 130 del código penal leído por el abogado penalista también deja al descubierto que retener una mujer para violarla se pena con 1 a 4 años de cárcel mientras que el abigeato, o sea robar la cabeza de un ganado, son 4 a 10 años de prisión”.

Para Ganora tampoco es valido poner limites a las multas y para finalizar sostuvo que “el artículo 140 solo sirve para que los jueces ordinarios y federal se pelean por la competencia. Esto es una gran dificultad”.

Publicación: 12/08/2010

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=bc44a5284a3f41b067ea930a053a0e4d

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Publicado por redsanjulian.com.ar

Gabriela Mestelán, Diputada Provincial por Encuentro Ciudadano, presentó un proyecto para que Santa Cruz adhiera al proyecto la Diputada Nacional Claudia Gil Lozano sobre Trata de Personas, el cual propone la Modificación del Código Penal y del Procesal Penal de la Nación, la Derogación de la Ley 26364 e iguala a las víctimas mayores de edad con las menores.

    Sobre la problemática, Mestelán expresó que “la trata de personas es una de las nuevas esclavitudes en pleno siglo XXI” y que, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “estos bolsones de esclavitud e inhumanidad resultan intolerables”.
    Por otra parte, la Legisladora consideró que en Santa Cruz se va creciendo en  sensibilidad y conciencia social respecto de este flagelo pero “hace falta discutir con honestidad los legados culturales que justifican estas hechos, para lograr  desnaturalizar prácticas que dañan a tantas personas, de manera particular a mujeres”.

El Proyecto

    El Proyecto de Ley 6377-D-2009 tiene como objeto “adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar la vigencia de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, ya sea que su residencia y/o traslado se produzca en el territorio nacional o en el exterior”. De la misma forma, pretende fortalecer la acción del Estado frente a este delito.

    El proyecto plantea además la creación de un Comité para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, con el objeto de constituir un ámbito permanente de acción y de coordinación interinstitucional e interdisciplinario para la elaboración de las políticas públicas destinadas a la lucha contra la trata de personas, y la protección y asistencia de las víctimas;  y también propone la creación de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, que tendrá un funcionamiento autárquico.

    Por último, incorpora modificaciones al Régimen Penal y Procesal Penal de la Trata de Personas.
    Mestelán consideró que adherir al proyecto “es avanzar hacia una norma que comprenda a todos los actores y circunstancias” ya que un flagelo como la trata de personas “requiere de un abordaje integral e interdisciplinario, que tenga en cuenta la complejidad que genera el delito como así también  la sanción del mismo, la asistencia, contención y protección de la personas víctimas, la prevención y concientización de la sociedad acerca de los alcances de este flagelo”.

    Como conclusión, y retomando argumentos de la autora del proyecto a nivel nacional, Gabriela Mestelán agregó “necesitamos una ley integral que brinde múltiples garantías para las víctimas, configure el tipo penal, permita detectar el problema, determine y garantice la asistencia y contención tanto de la víctima como del entorno afectado y que asegure que las personas víctimas no puedan ser recaptadas por ninguna red ni tampoco ser revictimizadas institucionalmente”  y subrayó “ para combatir un delito se debe evitar su comisión para lo cual debemos apuntar a fortalecer la institucionalidad, necesitamos crecer en sensibilidad social y concientización y también a un gran compromiso por parte del estado y de los ciudadanos”
Otros proyectos sobre Trata de personas

    La trata de personas ha sido una problemática abordada por Mestelán en varias oportunidades desde que comenzó su gestión legislativa.     Entre los proyectos presentados, se encuentran la Ley para la Creación de un Centro de Asistencia Integral a las víctimas, la adhesión a la “Declaración de Buenos Aires” sobre “penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas” y la declaración de Interés Provincial del libro “Se trata de nosotras”.
El sur como destino de de víctimas

    Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego se encuentran como las principales provincias de destino de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, de acuerdo a distintos informes de la OIM -Organización Internacional para las Migraciones- y expresa además que este flagelo “compromete todo el territorio argentino” y que existen  personas y organizaciones que “específicamente” se dedican a la venta de mujeres, niñas y niños.
    En el 2007 un informe del mismo organismo confirma la presencia en Argentina de distintas redes de trata que poseen “rutas identificadas que tienen una orientación fundamental en sentido norte-sur, siendo las provincias del norte eminentemente lugar de origen de las mujeres.  Sin embargo se ha podido observar un alto grado de rotación de las mujeres a través de las redes del centro y sur del país”

Publicado el 7 de julio por:

http://www.redsanjulian.com.ar/provinciales/mestel-n-solicita-adhesi-n-a-proyecto-sobre-trata-de-personas.html