Política
Por Carlos Pagni | LA NACION
Las últimas 48 horas ocuparán un lugar destacado a la hora de narrar el presente ciclo histórico. En ellas se condensa un rito de pasaje: la democracia entró en una nueva geometría, donde dos puntos pueden determinar más de una recta, y en la que las paralelas no son equidistantes. Desde anoche, a los jueces los designarán y removerán consejeros de la Magistratura que llegarán al cargo en las listas del partido que gane las elecciones. Y en esas elecciones sólo podrán participar fuerzas políticas reconocidas en 18 distritos.
Más sencillo: en la selección de los consejeros sólo podrá participar el Frente para la Victoria. El Poder Judicial será una dependencia del Poder Ejecutivo . Salvo que la Corte Suprema de Justicia decida lo contrario.
La coherencia del conjunto debe provocar la envidia de Javier Grossman, el meticuloso escenógrafo de la Presidenta. La eliminación de la independencia judicial hace juego con otra iniciativa de la Casa Rosada: el Estado volverá a financiarse en el mercado. No en cualquier mercado, sino en el de dólares adquiridos al margen de la ley. El Gobierno emitirá bonos y pagarés en esa moneda bajo legislación nacional. En otras palabras: el pago de esos papeles estará garantizado por jueces que podrían ser removidos por un Consejo de la Magistratura controlado por el Poder Ejecutivo, que es el que debe saldar la deuda.
El diccionario oficial, que ya denominaba “preservación de la estabilidad fiscal” a la emisión de pesos para solventar al Tesoro, y designaba al avasallamiento de los tribunales como “democratización” de la Justicia , agregó otro eufemismo: el blanqueo de dinero irregular se llamará “exteriorización voluntaria de moneda extranjera”. ¿Habrá más adelante otra, “involuntaria”?
Con este nuevo proyecto, Cristina Kirchner borró dos estrofas de su cantar de gesta. Ya no se podrá ufanar del desendeudamiento: esta vez regularizar los ahorros no significará ponerlos a disposición de la economía formal, sino prestárselos al Estado. Tampoco podrá levantar la bandera de la desdolarización. El texto enviado al Congreso prevé que sólo serán indultados quienes hayan acumulado fondos en moneda estadounidense. La fiebre del dólar irá en aumento. También los tenedores de euros irán detrás del blue. Un lindo gesto de bienvenida para William Lindquist, el responsable de los asuntos argentinos del Departamento del Tesoro, quien ayer llegó desde Washington para interiorizarse sobre la peripecia institucional del país.
Más allá de estos giros, la iniciativa presentada por el invertebrado quinteto que conduce la economía ofrece un mar de incógnitas. Nadie sabe, por ejemplo, si para sancionarla no habrá que modificar el artículo 617 del Código Civil, que regula el pago de deudas en moneda extranjera. El artículo 2º del proyecto enviado al Congreso autoriza al Banco Central a emitir un Certificado de Depósito para Inversión (Cedin), que “constituirá por sí mismo un instrumento idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses”. ¿Quiere decir que los acreedores en dólares estarán obligados a aceptar de sus deudores un Cedin? A los especialistas les costaba anoche contestar.
Otra incógnita tiene que ver con el origen de los recursos y la identidad de quienes lo blanquean. El proyecto excluye, por ejemplo, a los imputados de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, aunque no hayan sido procesados. ¿Esta discriminación no viola el principio de presunción de inocencia? Hay aspectos más escabrosos: ¿cuál es el límite de la figura “lavado de dinero”?; ¿qué sucedería si ese dinero proviene, por ejemplo, de un secuestro extorsivo o de un simple robo?; ¿qué dificultades tendrían quienes recibieron coimas o cobraron sobreprecios al Estado para reciclar esos recursos a través de testaferros? Más para la envidia del régisseur Grossman: el blanqueo de Cristina Kirchner irrumpe en medio del escándalo de Lázaro Báez; cuando Leonardo Fariña y la ex secretaria Miriam Quiroga atestiguan que el kirchnerismo no cuenta el dinero, sino que lo pesa; y cuando el ex vicegobernador Eduardo Arnold asegura que la familia presidencial construyó una bóveda para atesorar efectivo. “Todo cierra”, debe pensar Carlos Zannini.
Otra complicación del proyecto oficial es que su artículo 14 no libera de su responsabilidad a los encargados de prevenir operaciones ilegales. Banqueros, escribanos, contadores: a temblar.
También corren un riesgo los que desnuden su fortuna. ¿Qué garantías puede dar el Gobierno de que no ventilará por urgencias políticas la identidad de los blanqueadores? La discreción no es el fuerte del Gobierno. Anteayer Ricardo Echegaray recitó por TV los nombres de presuntos evasores. Y el lunes por la tarde Amado Boudou informó por mail a sus amigos la medida divulgada al día siguiente.
La Presidenta nada contra la corriente. En una etapa de gran disponibilidad de capitales y de controles financieros cada vez más exigentes, decidió financiarse en el borde externo de la ley. Esta excentricidad contrasta con la conducta de Jorge Bergoglio, quien comenzó a caminar en sentido contrario: el Vaticano acaba de firmar un acuerdo con la oficina de control de crímenes financieros del Departamento del Tesoro norteamericano, para reforzar los controles sobre lavado.
Hay otras rarezas en el proyecto oficial. Nadie está seguro, por ejemplo, de que vaya a reactivar la construcción, que está estancada por falta de dinero, sino por falta de certidumbre. Los expertos consideran que los Cedin serán aplicados a la compraventa de inmuebles ya construidos. “Para invertir en nuevas obras hacen falta otras condiciones”, explicaba ayer un entendido.
El Gobierno volvió a demostrar cierta visión estrafalaria de la economía. Por ejemplo: alguien le hizo decir a Cristina Kirchner, en los fundamentos de la ley, que el colapso del mercado inmobiliario argentino se debe a la crisis hipotecaria de los Estados Unidos y a la caída de la construcción en España, Irlanda y Portugal. Ni una palabra sobre el cepo. ¿Guillermo Moreno no habla con su esposa, Marta Cascales, quien casi cierra su escribanía porque por culpa de ese corralito ya nadie firma una escritura?
Tampoco está claro quién prometió a la Presidenta que el anuncio de anteayer haría bajar el dólar paralelo. Al contrario, llegó a 10,35 pesos. Era lógico. Para desinflar el blue, el Gobierno debería absorber pesos, no dólares.
Otra curiosidad: los funcionarios anunciaron que el Bono para el Desarrollo sería destinado a YPF. Pero la ley no menciona a esa compañía. Sólo habla de obras energéticas o de infraestructura. No es lo mismo. El riesgo que asumen quienes han prestado a la petrolera es del 10%. Pero el riesgo del Estado nacional nunca será menor al 12%. Otra duda: ¿servirá este blanqueo para que Cristóbal López compre Petrobras? Era el acertijo de ayer en el sector petrolero.
La Argentina paga un riesgo cada vez mayor por la inseguridad institucional. Para el oficialismo se trata de un ideologema de la clase dominante, aliada a intereses foráneos, como los que expresa la relatora de Naciones Unidas Gabriela Knaul.
Sin embargo, la reforma que aprobó ayer el Senado conmueve una columna principal del Estado de Derecho. Los tribunales quedarán anegados en estos días con demandas por inconstitucionalidad. Enrique Paixao y Alberto García Lema, redactores de los artículos de la Carta Magna referidos al Consejo de la Magistratura, trabajan en una presentación del Colegio de Magistrados. En el oficialismo impulsarían recusaciones masivas: suponen que los jueces no pueden decidir sobre su propio ministerio. ¿Querrán nombrar conjueces? También es problemático: la nueva ley cambia a favor del Ejecutivo los mecanismos para hacerlo.
Quienes pretenden impedir esta reforma se proponen suspender las elecciones. Los partidos políticos, encabezados por la UCR, se quejarán en los juzgados electorales por la restricción de los comicios a las fuerzas acreditadas en 18 distritos. Los focos se posarán sobre María Servini de Cubría, que regula las agrupaciones nacionales, y sobre la Cámara Nacional Electoral. Por encima está la Corte, de la que se ignora si aceptará recursos de per saltum.
Por si la Justicia convalida al Gobierno, varios dirigentes opositores examinan una martingala novedosa: adoptar un partido nacional para postular una lista común de consejeros. Como sería su única oferta, bastaría que esa fuerza esté acreditada en cinco distritos. Alfonso Prat-Gay descubrió esa grieta en la ley y ahora coordina esta iniciativa con otros diputados.
El kirchnerismo estimula la perspicacia. Para competir con el Gobierno los políticos de la oposición tienen que tener tanto o más ingenio que los ahorristas que buscan preservarse de la inflación. Extravagancias de una sociedad modelada por los cepos..
El caso Zaffaroni conmueve la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como institución responsable de la tutela del orden constitucional. La actitud del tribunal, expresada por su presidente, Ricardo Lorenzetti quien consideró que la cuestión no afectaba el funcionamiento de la Corte, así como el desinterés mostrado posteriormente frente a las sucesivas comprobaciones realizadas en las causas, nos obligan otra vez a romper el silencio y dirigirnos a la opinión pública recordando los sucesos que le sirven de antecedente.
