Mujer Historiadora
Profesora Feminista
Política Diputada Nacional
23 de Abril, 2013
Este martes 23 a las 16hs. en el Multiespacio de Gascón 1474 disertarán la diputada nacional (mc) y economista Fernanda Reyes y el Defensor de la 3ra edad Dr. Eugenio Semino respecto de cómo afectará la reforma judicial a los jubilados. — conEugenio Semino, Fernanda Reyes y Pablo Guilmot.
22 de Abril, 2013
CONFERENCIA DE PRENSA
HACIA UN NUEVO ESPACIO POLÍTICO ALTERNATIVO
Los partidos políticos de la Ciudad de Buenos Aires PROYECTO SUR, COALICION CIVICA-ARI, SOCIALISTA, SOCIALISTA AUTENTICO, y GEN, con la adhesión de la Agrupación “El Acento”, manifestarán públicamente su decisión de trabajar fraternal y mancomunadamente en la conformación de un espacio alternativo de confluencia plural y respetuoso de sus identidades integrantes; iniciando un proceso de implementación de acuerdos, a fin de canalizar electoralmente las expectativas de cambio de gran parte de la ciudadanía porteña.
La presentación de este nuevo espacio será mañana lunes a las 17,30 en el hotel el Hotel Congreso (Bartolomé Mitre 1824).
8 de Abril, 2013
Hoy a partir de las 16.30 horas diversas organizaciones sindicales y sociales realizarán una conferencia de prensa en la sede de la CTA nacional (Lima 609). El objetivo –según explicaron- es poner en marcha una serie de tareas conjuntas para que el Estado asuma la responsabilidad de reparar el daño producido en el marco de la catástrofe social generada por las inundaciones de la región metropolitana.
La convocatoria se realiza en base a un documento base consensuada entre la Central de Trabajadores de la Argentina, Federación Universitaria Argentina, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Libres del Sur, Partido Obrero, Movimiento “Teresa Vive”, COB- La Brecha, Barios de Pie, Colectivo por la igualdad, Partido Social, Liberpueblo, Federación Universitaria Buenos Aires y DEUCO. Señala ese documento:
Las personas y organizaciones abajo firmantes queremos hacer llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso solidario en estas horas de dolor y de bronca para nuestro pueblo.
Las recientes inundaciones son acontecimientos de una gravedad tal que han afectado a cientos de miles de familias, imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y recursos, causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus posibilidades de supervivencia.
Esto constituye una catástrofe, y afirmamos que toda catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no podemos ignorar, mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria de nuestro pueblo.
Intentando afrontar ese desafío desde el primer momento, con nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido constatar la ausencia del Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad de respuesta, y el abandono de sus obligaciones esenciales. La reacción masiva y solidaria de los trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este trance, y pone de manifiesto de un modo dramático, la necesidad de que el estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades.
La solidaridad popular puede organizarse, como se demuestra día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado. La indefensión social de los miles de afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos, agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe hacerse de un modo inmediato. Y las soluciones de fondo, que requieren la articulación de toda la sociedad, también deben ser conducidas por el estado.
Solidarizarse es comprometerse con los derechos de las víctima
Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer compromiso es con los derechos humanos, individuales y colectivos, de las víctimas. Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar claro es que a los ciudadanos nos corresponde organizarnos y defender nuestros derechos, dentro del marco legal, pero es el Estado el responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, sin distinción.
Desde esa convicción, queremos compartir algunas reflexiones sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar en las cosas que, en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras tormentas, que inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.
El modelo no es inocente
Un modelo de “desarrollo” basado en la apropiación del territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las concentraciones urbanas. Así, el esquema de agronegocios extiende sin límites la superficie cultivada de soja, avanzando sobre las comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo los bosques naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes explotaciones que destruye montañas enteras junto con su ecosistema, un modelo energético extractivista que, además de agotar las reservas de hidrocarburos, ahora también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de suelos y napas (fracking), y un modelo industrial basado en sectores como el automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de combustibles y con el desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense. A esto se refieren los “expertos” cuando hablan de fenómenos que son inusuales (en relación con el pasado) pero que “han venido para quedarse”.
Un modelo de desarrollo urbano “planificado” desde la especulación inmobiliaria, con escasa regulación y control estatal, que prioriza la construcción en altura sobre los espacios verdes, los barrios privados construidos sobre humedales, los mega-centros comerciales, el asfalto urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los desagües, reduciendo las superficies de absorción del agua y, en definitiva, aumentando la posibilidad de graves desastres ambientales con motivo de las lluvias. Como botón de muestra de los efectos de este tipo de desarrollo urbano, señalamos que semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en localidades como Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en concentraciones urbanas como Buenos Aires o La Plata.
Invitamos a toda la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano que han conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino como una necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es necesario cambiar el rumbo. Se necesita otro modelo económico, y otro modelo de desarrollo urbano, que sean compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras generaciones.
Las administraciones Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de La Plata no han puesto límites a estos modelos. Por el contrario, los han promovido dentro de sus respectivas atribuciones. Prueba de ello son el dictado de normas como la reforma del código de planificación urbana de la ciudad de La Plata, del año 2010, el paquete de leyes aprobadas por la legislatura porteña en noviembre de 2012, con el apoyo mancomunado de los bloques legislativos que apoyan al gobierno de la Ciudad y al gobierno nacional, el hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciares, el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a hidrocarburos no convencionales, y a la instalación de plantas productoras de semillas por la multinacional Monsanto, entre otros muchos ejemplos.
Falta de prevención
La planificación y ejecución de planes integrales de infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de revertir las consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal herramienta de prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado. Denunciamos la falsedad de los argumentos en el sentido de que “todo lo que se hace es poco”, cuando los presupuestos de las jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las partidas previstas en este tipo de obra.
Es deber irrenunciable de las administraciones planificar y regular la prevención de los efectos que ese modelo inevitablemente produce. Las trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia de Buenos Aires y 6 en la Ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta el viernes pasado, demuestran que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni centros de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la ciudad de La Plata, ya desde 2007 existen informes elaborados por la UNLP que advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras necesarias.
Todo ello ocurre, además, en el contexto global del fenómeno del cambio climático, que lejos de exculpar a las autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no pueden considerarse imprevisibles.
Invitamos a todas las fuerzas políticas y organizaciones populares a fomentar el más amplio debate social en la materia, tendiente a obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que apunten a resolver estas cuestiones.
Sistemas de reparación inadecuados, insuficientes o inexistentes
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la 1575, que crea un fondo de emergencia para subsidios por inundaciones. La Nación no tiene legislación en este sentido, y tampoco la tiene la Provincia de Buenos Aires. En este último caso, promesas públicas efectuadas, en relación con subsidios a las personas, no cuentan hasta el momento de redactar esta declaración con ninguna base normativa.
Resultan inaceptables, en este sentido, las líneas de crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de satisfacer sus necesidades más elementales.
El dictado de normas para reparar adecuadamente las consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable, pero además, debe convertirse en una oportunidad para que se legisle contemplando una problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones, y a los municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas del área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades metropolitanas. Las diferencias de signo político de las administraciones no pueden estar por encima de las necesidades de los habitantes.
La única norma vigente, ya mencionada, resulta insuficiente en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse sustancialmente. Además, la experiencia en su implementación muestra notorios incumplimientos, habida cuenta que aún no se han pagado totalmente los subsidios tramitados con motivo de los desastres de 2010.
Por otra parte, está basada en la lógica del reclamo individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar del de reparación integral. Entendemos que tratándose de una catástrofe de las dimensiones del caso, la norma tendiente a reparar los daños no puede basarse en la sumatoria de los reclamos individuales, sino en una actividad organizada por el estado, de relevamiento censal de los hogares afectados, de estimación financiera de daños, y de provisión gratuita de toda otra asistencia médica, social, jurídica, psicológica y laboral necesaria. Con estas definiciones, rechazamos la idea de que las cantidades asignadas a cada solicitante puedan tener un techo fijado de antemano. Si el sistema se basa en la reparación integral, no puede tener un límite con carácter previo a la valoración de las pérdidas.
Asimismo, resulta indispensable eximir del pago de impuestos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas afectadas, al menos por el corriente ejercicio.
Creemos que el esfuerzo en la emergencia no puede depender de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino, demostrada con creces en estos días. Al Estado le corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando por volcar al mismo una parte importante de la administración, pero también exigir el apoyo de las grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el país, principales beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en todo cuanto de su producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua potable envasada, alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.
En el caso particular del estado nacional, que cuenta con recursos financieros propios superiores, y con capacidad de endeudamiento con el Banco Central y con la ANSeS, que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su responsabilidad en el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige la creación urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación integral de los daños sufridos por la población.
Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar medidas en este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a que sesionen de forma inmediata para dictar las normas que correspondan para facilitar el esfuerzo social que se requiere.
No admitimos como argumento para no avanzar la supuesta inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.
Convocamos a todas las organizaciones de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos, intelectuales, a debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen los mismos objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.
Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos convocamos, y convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a funcionar en forma de asamblea permanente para la coordinación y organización de la lucha por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta emergencia, exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.
Proponemos, para ello, desplegar actividades en tres planos:
a) Poner a disposición de los hogares afectados por esta catástrofe la implantación territorial de nuestras organizaciones, para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas, reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones, medidas de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de la demanda a las autoridades de cada jurisdicción.
b) Poner a disposición de este objetivo toda la inserción institucional de nuestras organizaciones, en particular las representaciones en ámbitos legislativos nacionales, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales, para trabajar coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el tratamiento urgente de las iniciativas tendientes a dar solución a esta emergencia y a abordar los temas de fondo.
c) Seguir poniendo todos nuestros esfuerzos en las acciones de solidaridad popular, incrementando los niveles de coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales como donación y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica, etc., para lo cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de concentración de las diferentes tareas, en diferentes puntos geográficos.
30 de Noviembre, 2012
Diputados de diferentes partidos políticos piden declarar
el estado de emergencia nacional
en materia de violencia de género
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012
Esta mañana los diputados y diputadas nacionales Virginia Linares (GEN), Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Elsa Alvarez (UCR), Olga Inés Brizuela y Doria de Cara (UCR), las diputadas nacionales (MC) Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes (Coalición Cívica ARI) y el legislador porteño, Alejandro Bodart (MST) brindaron una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso Nacional con el objetivo de aunar voces para declarar en todo el territorio argentino la emergencia pública en materia social por la violencia de género, y promocionar los proyectos de ley presentados al respecto en la Cámara de Diputados.
La diputada Virginia Linares ha presentado dos proyectos, uno declarando la emergencia nacional y otro proyecto de ley que crea una asignación para mujeres víctimas de la violencia que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Dicha asignación consiste en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, personal, e intransferible, durante seis meses y renovable por igual periodo, equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
“Nuestro objetivo es que los temas de género lleguen a toda la ciudadanía y hasta el momento no han formado parte de la agenda legislativa. No hubo avances en las políticas públicas de parte del Poder Ejecutivo para que las mujeres no terminen asesinadas. También es cierto que el presupuesto nacional no cuenta con el dinero para implementar ninguna política pública en la prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, y tampoco hay intención política”, explicó Linares.
Por su parte la diputada (MC) Gil Lozano aseguró que “apoyamos estos proyectos y trabajamos para que tengan aprobación como leyes ya que desde el Estado no se hacen cargo, ni reconocen los problemas de género. Hay una ausencia de mediación para fortalecer la paz y de implementación de herramientas para dirimir conflictos a través de una vía no violenta”, y agregó “¿Cuál es la ciudadanía que estamos fortaleciendo? Queremos educar para la paz, la igualdad y la equidad. Estas son luchas políticas, no sólo asistenciales o decorativas como muchos quieren decir de estos proyectos de ley”.
El diputado Ferrari dijo que existe una larga lista de pendientes en materia de violencia de género, “por ejemplo no hay estadísticas fiables, otra materia pendiente es empoderar a las víctimas para no vuelvan a caer en este flagelo. Hay que garantizar el acceso a Justicia, que permita igualdad de oportunidades. Y atacar la violencia de género en una de sus primeras expresiones que es la violencia psicológica, hasta el momento no existe en la Justicia forma o figura para denunciar esta manifestación”.
La diputada Alvarez expresó que “venimos trabajando muy fuerte desde el Congreso para incorporar a su agenda estos temas, lamentablemente no ha sido tema de importancia en el temario de las sesiones, por eso pedimos se de urgentemente el tratamiento con un presupuesto acorde”.
El legislador porteño Alejandro Bodart explicó que “apoyamos estos proyectos porque sino hay leyes nacionales al respecto no se le puede dar la jerarquía que merece este tema. La Ciudad de Buenos Aires sólo le dedica el 0,07 del presupuesto a esta problemática y no hay un solo refugio en condiciones para albergar a las víctimas”.
Y para terminar la diputada (MC) Reyes aseguró “la violencia de género es acompañada de una violencia institucional, es decir que hay todo un andamiaje desde el Estado ausente sobre la protección a las mujeres víctimas”.
Prensa Paloma García Abel 15 4 410 5005
23 de Agosto, 2012
Acompañaron con su firma el pedido de informes, cuyo autor es el diputado nacional de la CC ARI, Horacio Piemonte, varios diputados nacionales de diferentes partidos como Victoria Donda, de Libres del Sur, Jorge Cardelli, de Proyecto Sur, Maria Luisa Storani, de la UCR; Graciela Ocaña, de Unidad para el Desarrollo Social y Equidad, Fernando Pino Solanas de Proyecto Sur y Virginia Linares del GEN, entre otros. También estuvo presente en la conferencia el legislador porteño de Proyecto Sur, Alejandro Bodart, quien se comprometió en replicar este pedido de informes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ya que tienen constancia de muchas irregularidades en las obras en construcción y en las condiciones de trabajo de los obreros de CABA.
Por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”.26 de Agosto, 2011
La representación femenina en el Parlamento es en Argentina una de las más altas del mundo. Cuestiones de género y temas asociados a los intereses de la mujer empezaron a ganar espacio en ambas Cámaras desde que, hace 20 años, la ley de cupo femenino le cambió la cara al Congreso. Quiénes son las adalides del cambio y qué agenda impulsan desde sus bancas. Cómo lograron consolidar un consenso transversal poco común en la política argentina hoy.
Tienen banca propia y comparten una agenda política común, aunque pertenezcan a fuerzas distintas. Algunas veces, son aliadas, y otras, rivales. Confrontan en internas femeninas, pero también juegan fuerte en los debates generales del Congreso. Cuentan con líderes (o lideresas, como dicen las feministas), espacios y seguidores. Y también con líneas internas, banderas y leyes que consideran caballitos de batalla: así es el mapa de las mujeres en el Congreso argentino, uno de los diez parlamentos más “femeninos” del mundo.
El acceso masivo de las mujeres al Congreso, gracias a la ley de cupo sancionada en 1991, produjo una enorme cantidad de transformaciones no sólo en el Parlamento, sino en la política criolla, pero sobre todo hizo visible una versión femenina del mundo, construyendo una agenda alternativa y complementaria, que incorporó nuevos derechos, necesidades y puntos de vista de, nada menos, la mitad de la ciudadanía. Nuevos derechos políticos que fueron refrendados por la Constitución reformada en 1994, que garantizó la herramienta de las “acciones afirmativas”, es decir, la inclusión vía un cupo -en la Argentina es del 30 por ciento- de mujeres en las listas electivas de los partidos.
En 2011, se cumplen veinte años de esta ley, que hoy se traduce en un Congreso feminizado, con un 38 por ciento de legisladoras (ambas Cámaras tienen una proporción similar), lo que ubica a la Argentina entre los diez primeros países del mundo, superando a países desarrollados como Gran Bretaña, Canadá y Alemania.
Dos logros políticos de alto impacto pueden acreditarse las mujeres políticas: la construcción de una Agenda de Género, consensuada entre legisladoras de distintas fuerzas políticas -sobre todo de las bancas mayoritarias-, que pone sobre el tapete un conjunto de iniciativas a favor de la equidad de género, y la Banca de la Mujer (ver recuadro).
“El impacto de la ley de cuota -que rige en todas las provincias, con la excepción de Jujuy- ha sido muy importante y se ha expresado en la presentación de proyectos orientados a la defensa de los derechos de las mujeres, muchos de los cuales se convirtieron en leyes, como la de derechos reproductivos, la de violencia doméstica y la que establece la cuota sindical. También se ha logrado colocar en la agenda pública temas históricamente evadidos, como el aborto y la trata de personas”, apunta Nélida Archenti, investigadora del Instituto Gino Germani, que se especializó en estudiar los efectos políticos del cupo.
Del cupo a la paridad
Durante los años noventa, a partir de la puesta en vigor de la ley, se aprobaron iniciativas importantes, como la incorporación de las amas de casa al sistema de pensiones y jubilaciones (1997), la ley que reconoce la pensión al cónyuge sobreviviente, aunque la pareja no esté legalmente casada (1993, y favorece básicamente a las mujeres, quienes estadísticamente tienen mayor expectativa de vida), la que impide el despido por cuestiones de sexo u orientación sexual (1998) o la supresión del delito de adulterio del Código Penal (1995), que básicamente cargaba contra ellas.
Un hito en este largo camino fue, en 2006, la aprobación en el Congreso del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocido por sus siglas en inglés, Cedaw). El Convenio instaura la posibilidad de plantear denuncias en forma individual ante los órganos de protección internacional.
Pero, además de las leyes pro femeninas, un Parlamento con más mujeres produjo otros efectos colaterales, no menos importantes: “Empezaron a hacerse visibles los déficits de presencia femenina en otros poderes, como la Corte, lo que años más tarde se tradujo en la inclusión de las dos juezas [Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco]. Y luego, nos dimos cuenta de las discriminaciones más sutiles, pero igual de excluyentes, como la desigual distribución de prestigio social en las tareas asignadas a varones y mujeres, también en las cuestiones del poder”, explica María Inés Tula, politóloga del equipo que lidera la doctora Nélida Archenti, principal investigadora en los efectos del cupo o la “cuota”, como se la conoce a nivel internacional.
Dora Barrancos, historiadora de género y directora del Conicet, asegura que otro efecto es que las mujeres en el Congreso van generando un “cambio ambiental”, en el sentido de que, “los varones van incorporando otras perspectivas menos machistas, aunque sólo sea porque es políticamente correcto hacerlo”.
11 de Agosto, 2011
29 de Julio, 2011
Publicado 27 de julio 2011 por Ambito.com
Los legisladores de la Coalición Cívica Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Fernanda Gil Lozano, Patricio Merlani y José Miguel Onaíndia realizarán una conferencia de prensa en la que presentará un pedido de informes sobre la intervención del Gobierno sobre el nuevo torneo de primera división, y presentarán Proyectos para la Transparencia y Democratización en la AFA.
La cita es para esta tarde en la Sala José Luis Cabezas en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí realizarán formalmente el pedido al Gobierno los legisladores que ya se mostraron abiertamente en contra de este proyecto de fusión entre los torneos de Primera División y Nacional B.
Antes de la presentación, la candidata a Presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que “el kirchnerismo destruye todo lo que toca, y ahora fueron por la pasión de los argentinos: el fútbol”.
“Se ve la verdadera cara K, la de socios entrañables de un mafioso como Julio Grondona”, enfatizó Carrió, al apuntar contra el Gobierno nacional por el cambio anunciado en los campeonatos de primera división.
En declaraciones formuladas en Villa Gobernador Gálvez, en la provincia de Santa Fe, Carrió advirtió que “lo único que quiere Cristina Kirchner es poder inundar de propaganda política utilizando el fútbol”.
“No les importa desviar miles de millones de pesos de todos los argentinos para que los administre Grondona `a piacere`”, se quejó.
Agregó: “nuestra propuesta es hacer una modificación sustancial en el Programa Fútbol para Todos que tenga como ejes que no se emita publicidad oficial, que el Estado ponga a disposición las imágenes pero que cada señal pueda elegir sus relatores, comentaristas y su comercialización y que el financiamiento sea transparente y autónomo porque no
puede ser que los jubilados financien el fútbol”.
“El fracaso del fútbol argentino en cada una de las competencias internacionales es la exacta metáfora del país, excelente materia prima como son nuestros jugadores desperdiciados por una dirigencia corrupta e insaciable”, advirtió.
Carrió hizo una larga recorrida por Santa Fe y Entre Ríos que la llevó a Páraná, Sunchales, Rafaela, Gobernador Crespo, Gobernador Galvez, Esperanza y Venado Tuerto.
29 de Julio, 2011
27-7-2011
Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Fernanda Gil Lozano presentaron un pedido de informes sobre la intervención del Ejecutivo en los torneos de fútbol y una norma sobre funcionamiento de las asociaciones civiles.
Los diputados de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Fernanda Gil Lozano realizaron este miércoles una conferencia de prensa en la que criticaron duramente al Gobierno por la intervención en los partidos de fútbol de la AFA y presentaron dos iniciativas al respecto.
El primero de ellos, presentado por Fernando Iglesias, busca regular el funcionamiento de todas las asociaciones civiles, como la propia AFA y los sindicatos, que establece “elecciones directas y democráticas de las autoridades”.
Además, “fija mandatos de cuatro años para las autoridades” y “representación de las minorías mediante el sistema de cuota D’hont”.
El proyecto sobre modificación de las asociaciones civiles incluiría así a la AFA y mostraría disidencia con el proyecto sobre democratización del fútbol argentino del oficialista Gerónimo Vagas Aignasse.
Por otro lado, Bullrich presentó un pedido de informes mediante el cual se solicita al Ejecutivo que informe “sobre los funcionarios del Gobierno nacional que instruyen a la AFA para cambiar la reglas de juego en la estructura de los torneos de fútbol argentino, a través de la fusión de los campeonatos de la primera división y la B Nacional, afectando el dinero público, e incrementando la pauta oficial”.
Además, solicita que se informe “qué funcionarios han tomado contacto con el presidente de la AFA, Julio Grondona, para diseñar la propuesta de reforma del fútbol argentino”, y que se remita “la nómina de reuniones celebradas entre el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el presidente de la AFA durante los últimos dos meses”.
También se le solicita al Gobierno que indique “cuánto dinero público afectará la implementación de esta restructuración del fútbol argentino en el programa ‘Fútbol para Todos’”.
Respecto del posible freno a la fusión de la Primera y el Nacional B, Bullrich consideró que “si se frena es porque la gente le dice que queremos que la ley sea respetada y no por el Gobierno ni por Grondona”.
En tanto, Iglesias consideró que la medida se trata de una “improvisación” y que “la televisión que manda es Futbol para Todos en donde se pasa la publicidad del Gobierno”
En la que fue la segunda conferencia de prensa que su bloque realiza esta semana, Bullrich sostuvo que “la Coalición Cívica trabaja en todos los temas” y que “es una fuerzas preparada”.
El encuentro se realizó en la Sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación y estuvieron presentes los diputados Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Fernanda Gil Lozano, como así también Patricio Merlani y José Miguel Onaíndia.
15 de Junio, 2011
La conferencia se enfocó en el anuncio de la presentación de tres proyectos de ley. Los mismos refieren a la violencia de género y a garantizar un acceso a la justicia más eficaz para las víctimas de delitos, entre las cuales existe un elevado porcentaje que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad social.
Estos proyectos forman parte de la línea de trabajo de la Diputada Gil Lozano y su presentación había sido anunciada, asimismo, en la conferencia de prensa anterior en que la se difundió el proyecto que modificaba el Código Penal y penaliza como conducta el femicidio, incorporando la figura de violencia económica y estipula como conductas específicas el maltrato físico.
Los tres proyectos presentados en esta ocasión son los siguientes.
1. Modificación de la ley 26.485 (Expte. nº 2882-D-2011)
Conocida como Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en julio de 2010 por Decreto 1011/2010. El proyecto de Gil Lozano se modifican los artículos 26, 29, 32 y 34.
El objetivo de esta propuesta es PREVENIR que ocurran situaciones de violencia extrema contra las mujeres víctimas de violencia. Así, se establecen sanciones y se fortalecen los principios y medidas de acción obligatoria para los jueces que intervengan en los casos de violencia contra las mujeres, limitando los márgenes de interpretación, entre otras cuestiones.
Creemos que debemos dar soluciones permanentes, prácticas y efectivas para las mujeres víctimas de violencia de género. Por lo que consideramos que es la ley marco la que debe garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos en ella contenida. Los cambios propuestos deben estar plasmados en la ley marco.
Creemos que los jueces intervinientes deben contar con herramientas efectivas para dar solución a esta problemática. De ahí, que proponemos en el artículo 26, subsanar la laxidad de la norma, convirtiendo a las facultades que detentan los jueces, en deberes. Por otro lado, le damos mayor relevancia a la función de control del cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad judicial. Todo ello con el objeto de proteger a la mujer víctima.
En idéntico sentido se modifica el artículo 29, convirtiendo en deber para el juez el requerir el informe del equipo interdisciplinario y disminuyendo a veinticuatro horas, su remisión. Ello se debe a que el factor tiempo, en casos de violencia de género, exige que la situación de la víctima sea paleada en el menor lapso de tiempo posible.
El artículo 32, plantea modificar las sanciones frente al incumplimiento del agresor y transformar en deber la facultad que en la actualidad detentan los jueces. En ese sentido, se suprime el actual inciso a), dado que resulta insuficiente e irrisoria la aplicación de una sanción como la que propone dicho inciso: “…. una advertencia o llamado de atención…”. Esto debe modificarse porque la norma actual establece que el funcionario, entre las sanciones que puede elegir, está legitimado a “imponer solo una amonestación al victimario”.
También se propone modificar el actual inciso b), eliminando el término inmediata, y dejando aclarado que la comunicación mencionada deberá practicarse en un plazo no mayor de veinticuatro horas, contadas desde la intervención en la causa.
Por último, se modifica el artículo 34 al establecer que el seguimiento de las medidas, debe practicarse a través de la comparecencia de las partes, y la intervención del cuerpo interdisciplinario, quienes deben elaborar sus informes.
2. Modificación de la ley 24.417 (Expte. nº 2883-D-2011)
Conocida como Ley de Violencia Familiar, sancionada en diciembre de 1994 y reglamentada en marzo de 1996.
El proyecto Gil Lozano modifica los artículos del 1 al 7. En tanto el objetivo de la ley es prevenir que ocurran situaciones de violencia extrema contra la víctima denunciante, la modificación propone ampliar, en primer lugar, el concepto de violencia y los vínculos que hacen a la definición de violencia familiar. En la ley vigente se habla del ejercicio de la misma por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. En la propuesta se incorporan a novios, amigos, compañeros y concubinos, por ejemplo.
Así, el proyecto de Gil Lozano modifica el artículo 1 sosteniendo que: “Toda persona que sufriese maltrato físico, sexual o psicológico, efectuado por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar en sentido amplio, de su cónyuge, concubino, sea conviviente o no, mantenga una relación de noviazgo, amistad, o compañerismo, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas.”
También se amplía la nómina de personas que pueden efectuar la denuncia en representación de la víctima menor, incapaz, anciano, discapacitado (cuando esta no pueda hacerlo obviamente) incorporando a “cualquier tercero que haya tomado conocimiento directo o indirecto del hecho”. De tal modo, el artículo 2 se modifica de la siguiente forma: “Cuando los damnificados fueren menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos podrán ser denunciados por si mismos o por sus representantes legales y/o el Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia, los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. También se encuentran legitimados para radicar la denuncia cualquier tercero que haya tomado conocimiento directo o indirecto del hecho.”
Como entendemos que la ley debe contener una intención de protección y de prevención hacia la víctima, la propuesta es modificar sustancialmente la forma en que el juez competente ordene las medidas tendientes a erradicar la situación de violencia. De este modo, proponemos modificar de la siguiente manera, los artículos 3 y 4:
“Artículo 3°: Sin perjuicio de los informes que pudieren aportar las partes, el juez requerirá un diagnóstico realizado por un psicólogo especialista en vínculos con el fin de determinar los daños psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental en el que convive.
Dicho informe deberá ser entregado al juez dentro de las veinticuatro (24) horas de perpetrada la denuncia.”
Artículo 4°: El juez deberá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:
El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa, no pudiendo ser menores a tres meses, renovables automáticamente.
En atención a que no siempre se cuenta con herramientas que les permitan a las autoridades judiciales controlar el pleno y efectivo cumplimiento de las medidas ordenadas oportunamente, la modificación del artículo 5 es la siguiente:
“Frente al incumplimiento de las medidas ordenadas, el juez podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras. Debiendo:
a) comunicar los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;
b) controlar que el agresor cumpla con las medidas ordenadas.”
También propone modificar el artículo 6, diciendo:
“En todo el proceso, el agresor y las personas que conforman el grupo familiar, en sentido amplio, de la víctima gozan del derecho a recibir la asistencia médica y de contención psicológica que requieran.”
Para que las medidas que tomen las autoridades judiciales sean efectivas, deben ser debidamente controladas, con el objeto de que podamos prevenir. De éste modo se propone:
“Artículo 7°: El juez con competencia en asuntos de familia, además de las medidas precautorias tomadas para erradicar la situación de violencia o para prevenirla deberá ordenar otras tendientes a contener a la o las victima/s y a su entorno, debiendo controlar que se cumplan las mismas en la forma en que han sido ordenadas. Todo ello, para evitar ocurra otro episodio de violencia hacia la víctima.”
3. Modificación del Código Procesal Penal de la Nación:
Se modifican los artículos 5, 349, 393 y se incorpora el artículo 81 bis. El sentido de este proyecto es dar marco legal al imperativo constitucional que obliga al estado argentino a garantizar el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, sin discriminación alguna, a toda persona victima de un delito. Estos derechos comprenden el derecho de acceder a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho de incoar un proceso y de seguirlo, el de obtener una sentencia o resolución motivada sobre la cuestión planteada, el derecho a obtener una sentencia de fondo sobre esa cuestión, el derecho a la utilización de los recursos, el derecho a que la sentencia se ejecute”.
Hoy en día el Código de procedimiento penal asegura al acusado de un delito a que el estado le provea gratuitamente un abogado que lo defienda (el defensor oficial). Pero paradójicamente, a aquella persona que sufrió en carne propia el delito, es decir la víctima, el estado la abandona a su suerte.
Y aparece entonces la problemática que esta ley quiere superar: solo las víctimas que tienen recursos para pagar un abogado acceden en la práctica a la justicia, quedando fuera del sistema el enorme universo de víctimas carentes de recursos que, por no tener medios para solventar un abogado que las represente, ven sistemáticamente violado su legítimo derecho de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.
Y que no se diga, como equivocadamente muchos sostienen, que tal derecho se ve cumplido con la intervención del ministerio público Fiscal. Claro error, pues el principal afectado por el delito es quien lo sufre en carne propia, esto es la víctima, y por tanto quien mejor puede defender su derecho a obtener una sentencia justa por parte del Estado. Por lo demás, de no acceder a la justicia, dependería estrictamente del empeño del Fiscal que, sabido es, en muchos casos por desidia, desinterés, o exceso de tareas, no impulsan decididamente la acción penal, corriendo riesgo entonces la suerte del derecho de la persona afectada.
El contacto y experiencia con víctimas de delitos demuestra sin lugar a dudas, que estas, y en su mayoría las que provienen de sectores humildes, se encuentran imposibilitadas de acceder al sistema judicial. Aún cuando la constitución normativamente se los garantice, en la práctica ello no ocurre y se impone, entonces, que sea la ley procesal quien de marco efectivo al imperativo constitucional y establezca de manera clara y concreta la obligación del estado de garantizar tal acceso.
Existe un verdadero sentimiento ciudadano de desprotección frente a la violación de un derecho que impone el deber de superar.
Así, se crea el área de asistencia a la víctima dependiente de la Fiscalía general, que le proveerá a aquella persona carente de recursos y que no pueda pagar un abogado, el patrocinio jurídico gratuito, cumpliendo entonces con la exigencia constitucional.
Asimismo, el proyecto cumple con los postulados ya establecidos en antecedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia, al dotar a la víctima constituida en parte en el proceso, de facultades autónomas e independientes a las del Fiscal para perseguir al delito desde el comienzo de la investigación hasta el dictado de la sentencia definitiva. De tal forma, con el sólo requerimiento de la víctima constituida en parte, el Tribunal se encuentra ya facultado para emitir una sentencia.
Sería bueno asimismo, hacer énfasis en una suficiente difusión de esta ley, y de los derechos esenciales de las víctimas, pues la realidad indica que en muchos casos éstas no ejercen sus derechos pues sencillamente no los conocen. Mal podría ejercer la víctima su legítimo derecho al acceso a la justicia, y al patrocinio jurídico gratuito en caso que carezca de recursos, si directamente no tiene posibilidades de conocer este derecho.
Debemos recordar que la razón principal por la que el Estado debe perseguir el delito es la necesidad de dar cumplimiento a su obligación de “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 34/96, caso 11.228 y otros.), entendiendo a la persecución penal (cuando alguno de los derechos de éstas haya sido violado), como un corolario necesario del derecho de todo individuo a obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en que se establezca la existencia o no de la violación de su derecho, se identifique “a los responsables” y se les imponga “las sanciones pertinentes
Como se ha puesto de manifiesto en la Exposición de Motivos de la Ley 35/1995, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual del Reino de España, “…En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicológico, la misma intervención en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, los riesgos que genera su participación en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito.
