Mujer Historiadora
Profesora Feminista
Política Diputada Nacional
27 de Febrero, 2012
Buenos Aires, 21 de febrero 2012
25 de Febrero, 2012
Buenos Aires, 24 de febrero de 2012
La diputada nacional de la Coalición Cívica (MC), Fernanda Gil Lozano, criticó hoy las explicaciones que dio la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre el cuestionado Proyecto X. Gil Lozano dijo que “apañar y defender el Proyecto X es la legalización de la conducta Astiz”. Y agregó: “lamento que una persona como la ministra que sufrió la persecusión durante la dictadura militar hoy en democracia lleve adelante proyectos que sostienen la persecusión política”.
Si bien la ministra aseguró que no hay ningún dirigente político investigado o incluido en las investigaciones del citado poyecto, Gil Lozano asegura que existen filmaciones de cómo se han infiltrado en distintas reuniones políticas. “Garré como responsable del ministerio debió hacer una investigación interna de las funciones del Proyecto X antes aplicarlo, sus explicaciones son insuficientes y apresuradas”, concluyó la ex diputada Gil Lozano.
Prensa 15 4 410 5005
25 de Febrero, 2012
Fecha: Viernes 24 de febrero de 2012
(PTS, 24/02/12) En una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bauen para responder a los dichos de Nilda Garré, la abogada del PTS Myriam Bregman denunció que “a pesar del operativo de distracción que se vio en la conferencia de prensa de la ministra Garré, ella termina reconociendo y justificando la infiltración y el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional contra trabajadores y la izquierda”.
A continuación se transcriben algunos de los conceptos vertidos por Bregman en la conferencia de prensa:
”El Proyecto X no es un invento de los denunciantes, sino que apareció en el expediente de denuncia a Gendarmería Nacional por respuesta de su jefe, Schenone, que es lo que utilizaron en Panamericana para imputar a nuestros compañeros. Garré es la que tiene que explicar por qué Héctor Schenone presenta eso. O miente Schenone o miente Garré”.
”La auditoría de la que habla Garré fue realizada a partir del 16 de febrero, cuando nosotros presentamos la denuncia el 22 noviembre de 2011. Garré tiene que explicar por qué tardó tres meses en tomar el asunto. Por otra parte esa auditoría fue realizada por personal del propio Ministerio imputado, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Garré miente: no es una auditoría independiente, por lo que la impugnamos ya que los datos pudieron haber sido destruidos en todo este tiempo para desincriminar a la Gendarmerìa y a su propio Ministerio”.
”Los gendarmes que testifican en las causas contra los delegados de Kraft y Pepsico hablan de un ’Centro de Reunión de Información Campo de Mayo’, de donde surgieron datos que contaban con anterioridad a las protestas, como consta en los expedientes. Esta cuestión ha sido deliberadamente ocultada hoy por la ministra Garré” (ver anexo).
25 de Febrero, 2012
Distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que habrían estado en la mira del denominado Proyecto X rechazaron hoy las explicaciones de la ministra de Defensa, Nilda Garré, y aseguraron que sus dichos sumaron elementos para la causa.
En este marco se manifestaron también diputados opositores, quienes aseguraron que en su discurso en el Ministerio de Seguridad, Garré admitió la existencia del Proyecto X.
23 de Febrero, 2012
Buenos Aires, 22 de febrero.
“La Mesa de Conducción del partido Coalición Cívica ARI expresó hoy su “agradecimiento y profundo reconocimiento a los rescatistas que trabajaron en las operaciones de salvataje en la estación Once y su solidaridad con las víctimas de la tragedia, entendiendo que hechos como éste no deben jamás deshumanizarse”.“Este hecho, prueba clara de que la corrupción también mata, tiene por supuesto causas y responsables. Desde hace muchos años CC ARI y otras organizaciones sociales y políticas venimos señalando que la situación deficiente del servicio y la falta de mantenimiento de la infraestructura, junto con la escasa inversión, están detrás de las continuas tragedias que se suceden. Pero hoy no es momento de hablar, sino de estar cerca de las víctimas fatales y de quiénes trabajan en su atención y una vez terminadas esas tareas haremos público un informe exhaustivo en relación a las causas estructurales que están detrás de la tragedia”, manifestaron las autoridades de CC ARI.
Coalición Cívica ARI mantuvo hoy un plenario federal presidido por su secretario general, Adrián Pérez y el titular del Bloque de Diputados Nacionales, Alfonso Prat Gay, jornada en la que tenía previsto presentar una agenda de propuestas, actividad que fue suspendida hasta nuevo aviso por la gravedad de los acontecimientos. Además de Pérez y Prat Gay, integran la conducción partidaria Pablo Javkin (Santa Fe), Griselda Baldata (Córdoba), Magdalena Odarda (Río Negro), Alicia Terada (Chaco), Maximiliano Ferraro (Ciudad de Buenos Aires), Liliana Piani (Buenos Aires), Maricel Etchecoin (Buenos Aires), Beatriz Kreitman (Neuquén) y Juan Pablo Teruel (Córdoba).
20 de Febrero, 2012
16.02.2012 | Myriam Bregman, abogada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), dijo que la Gendarmería no cumple con un Protocolo originado en el ministerio de Seguridad, que le impide a sus agentes actuar de civil en las manifestaciones.
La abogada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman avanzó más allá de la denuncia judicial sobre la base de datos denominada “Proyecto X” y advirtió que además esa fuerza “no” cumple con un Protocolo originado en el ministerio de Seguridad, que le impide a sus agentes actuar de civil en las manifestaciones.
En el marco de la denuncia efectuada por diferentes organizaciones sociales en relación a la infiltración de la Gendarmería Nacional en manifestaciones, radicada ante el juez federal Norberto Oyarbide, Bregman señaló que para hacerlo la Gendarmería desconoce “el Punto 11 del Protocolo que viabiliza la ministra Nilda Garré, en dónde se les explica a las provincias cómo deben actuar y en dónde se ratifica que no pudden hacer inteligencia interna”.
En ese Punto 11 “se dice que los integrantes de las fuerzas no pueden vestir de civil”, añadió la letrada.
Según explicó Bregman, “en la práctica, la Gendarmería reprime, desaloja, pero también arma informes de inteligencia y luego se presentan como testigos en las causas y terminan siendo la prueba de cargo para que los compañeros terminen procesados”.
En un reportaje en el canal TN, la abogada denunció que la Gendarmería “hace un estudio completo de las personas… con lenguaje propio de la dictadura” y calificó la situación como de “absoluto espionaje”.
En cuanto a los procedimientos, explicó que esa fuerza de seguridad “ha asumido la persecución de los dirigentes gremiales y eso lo recopilan infiltrándose y presentándose como ‘prensa independiente’”.
Al respecto, calificó todo el accionar como “la criminalización de la protesta social”.
En el mismo programa, el abogado Marcelo Parrilli consideró que la situación” “vulnera la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”.
Para Parrilli, el llamado “Proyecto X” no se trata de “una creación de Gendarmería y yo veo responsabilidades políticas”.
En ese sentido, la ex diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano responzabilizó directamente a la ministra Garré y pidió que sea “la primera que debe empezar a responder”. En tanto, en su intervención la abogada Alicia Cano explicó que “se vulnera la Ley de Inteligencia Nacional”, ya que se trata de “un acopio indiscriminado de datos personales que serán usados discrecionalmente”.
Por último, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) sostuvo que “se está usando el aparato de inteligencia del Estado para la persecución política”.
Publicado por diario La Prensa, 16 de febrero 2012
20 de Febrero, 2012
Lo reconoció el jefe de la fuerza, Héctor Schenone, con una denuncia en la justicia federal.
La investigación recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide en una causa relacionada con las protestas de la firma Kraft. | Foto: Telam
Una unidad especial para espiar a dirigentes sociales y opositores operaría desde Gendarmería. Así lo reconoció anoche el jefe de la fuerza, Héctor Schenone, que lo denominó Proyecto X.
En diálogo con el programa A dos voces, por el canal de noticias TN, Schenone se refirió a la denuncia que presentó en la Justicia para desentrañar esta estructura montada con agentes infiltrados en protesta sociales que buscan información sobre los líderes de los grupos.
El jefe de Gendarmería presentó su denuncia a través de una nota de cuatro carillas el 22 de diciembre del año pasado y la investigación recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide en una causa relacionada con las protestas de la firma Kraft.
Según Schenone, el objetivo principal de esta unidad es obtener información personal, movimientos bancarios, hábitos, creencias y direcciones de líderes de movimientos sociales y gremiales, publicó el diario La Nación.
“No podemos pensar que esto es una creación de la Gendermería. Los jueces tienen que investigar”, reclamó Marcelo Parrilli, abogado del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). “¿Qué diferencias hay con lo que hacía Astiz?”, preguntó por su lado Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica.
17 de Febrero, 2012
Por Fabián Debesa
Con 36 años y una extensa carpeta de antecedentes académicos en temas penales, Florencia Piermarini se convirtió ayer en la primera mujer que conduce el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Está a las puertas de un desafío enorme : el manejo, la administración y la conducción de un sistema que incluye 55 cárceles en todo el territorio, donde se alojan 28 mil presos (el 78 % procesados, sin condena). Además deberá ponerse al frente de un cuerpo armado de 17 mil agentes penitenciarios , de los cuales casi 2.000 son oficiales, muchos con casi 30 años de servicio.
La sorpresiva designación de Piermarini se conoció ayer y el gobernador Daniel Scioli se encargó del anuncio. Fue en la inauguración de la alcaidía La Plata II, un centro de alojamiento para 60 presos que estaban en comisarías de la región. Estará al frente de una fuerza cuestionada por episodios de corrupción y denuncia de malos tratos contra detenidos. Por eso, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, decidió designar a un jefe con perfil técnico y antecedentes en tareas relacionadas con los derechos humanos.
En esa línea, la funcionaria adelantó que concentrará su gestión en la educación. “Con más formación y capacitación laboral tendrán más herramientas para la inserción social. Con esta política lograremos reducir la reincidencia”, dijo la nueva jefa del SPB.
Piermarini nació en Lanús, está casada y tiene una hija de un año y medio. Es egresada de la Facultad de Abogacía de la UBA y acredita un posgrado en Derecho Penal y Criminalística. Fue colaboradora en cuestiones de género y derechos humanos de la ex diputada Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica) y desde agosto de 2009 se desempeñaba como asesora del actual subsecretario de Política Criminal, César Albarracín.
Piermarini trabajó casi tres años con Albarracín en la gestión del sistema carcelario bonaerense. “Tiene experiencia y una vocación profesional avalada por estos años de trabajo”, aseguró el subsecretario.
La abogada, que ocupó un despacho cerca del ministro Ricardo Casal, se encargó de poner en marcha programas de capacitación y convenios con universidades nacionales para llevar la educación superior a las cárceles.
“Casi el 60% de la población carcelaria trabaja o estudia. Nos proponemos llevar la educación a todos los privados de su libertad”, dijo ayer la nueva responsable de la fuerza.
Según anticipó Piermarini, una de las metas de corto plazo es el cierre definitivo de los calabozos de las comisarías.
“Con la habilitación de la alcaidía de Villa Elvira, se cierran las celdas de las seccionales de La Plata, Berisso y Ensenada”, explicó la abogada.
Hace cuatro años, había 4.700 procesados que ocupaban lugares en celdas policiales. Ahora quedan 900, después de la inauguración de siete centros de alojamiento como el que se habilitó ayer, según informaron en el ministerio de Seguridad.
“Tenemos que seguir mejorando las condiciones de detención en las cárceles, para eso se amplió en 9.000 el número de plazas”, planteó Piermarini.
La superpoblación en las prisiones también es una de las tareas que deberá resolver en la gestión como jefa del sistema provincial.
La jefatura del SPB estaba vacante desde hace tres semanas, por el fallecimiento de Marcelo Parnici, quien había asumido en diciembre pasado, después de conducir la auditoría de Asuntos Internos desde mediados de 2009.
Publicado por Clarín, La Plata. Corresponsalia – 17/02/12
16 de Febrero, 2012
La ex diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, recordó que el año último presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para recabar información sobre tareas de inteligencia militar. “¿Qué diferencias hay con lo que hacía Astiz?”, se preguntó.
Publicado por La Nación 16 de febrero 2012
Lo habría admitido la Gendarmería
El jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Héctor Schenone, habría reconocido ante la Justicia la existencia de una unidad especial en la fuerza que realiza tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos y sociales. Según se difundió anoche en el programa A dos voces , que se emite por TN, el titular de la fuerza mencionó la puesta en marcha de una operación, conocida como Proyecto X, que comprendería la inclusión de agentes infiltrados en las protestas sociales para obtener información de sus líderes.
La denuncia, avalada por organizaciones sociales y dirigentes políticos de la oposición, se conoció en medio del fuerte reclamo de sectores políticos y gremiales para exigir la derogación de la ley antiterrorista, impulsada por el Gobierno y sancionada a fines de 2011. Schenone habló sobre el funcionamiento de esta división en una nota, de cuatro carillas, enviada el 22 de diciembre del año pasado al juzgado federal de Norberto Oyarbide, en una causa relacionada con las protestas contra la empresa Kraft.
Al justificar la realización de las tareas de inteligencia, el titular de Gendarmería explicó que se llevan adelante como parte de acciones adicionales a investigaciones judiciales, que no precisó. Salvo que estén ordenadas por la Justicia, las acciones de espionaje interno están prohibidas expresamente en la ley de seguridad interior y en la ley de inteligencia nacional.
También se difundió un video que denuncia la infiltración de agentes de la Gendarmería en protestas sociales para hacer inteligencia e identificar a los cabecillas.
La causa judicial en la que Schenone habló del programa de inteligencia lleva el nombre de Darío Javier Hermosilla, quien fue delegado sindical y formó parte de las protestas contra la empresa Kraft, que incluyeron cortes en la ruta Panamericana, a partir de 2007.
El abogado Marcelo Parrilli, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), atribuyó responsabilidades políticas al Gobierno. “No podemos pensar que esto es una creación de la Gendermería. Los jueces tienen que investigar”, reclamó al apuntar, principalmente, a los ministros de Seguridad, Nilda Garré; de Defensa, Arturo Puricelli, y del Interior, Florencio Randazzo.
La ex diputada Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, recordó que el año último presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para recabar información sobre tareas de inteligencia militar. “¿Qué diferencias hay con lo que hacía Astiz?”, se preguntó.
14 de Febrero, 2012
El accionar de la policía y la justicia provincial en la investigación de la brutal violación sufrida por una niña de 13 años el pasado 16 de enero en Campo Viera mantienen modelos de inacción judicial que naturalizan la idea de ausencia de castigo para los criminales. El pueblo misionero se manifiesta permanentemente contra esto pero no obtiene respuestas. Entre otros podemos mencionar el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros que entregaron el 25 de noviembre del año pasado un petitorio en el que se decía que el aumento de la violencia se debía a la insuficiencia de políticas públicas integrales que protejan a las mujeres víctimas de violencia. Está aún sin respuesta. La impunidad produce epidemias de violencia.
Es una vergüenza que la policía provincial se manifieste ante los medios indicando un consentimiento que no disminuiría en nada la gravedad del delito, justificación injustificable. Se trata de una niña de 13 años brutalmente violada con serias lesiones físicas y emocionales que dejaran secuelas difíciles de curar. Estamos hablando de secuestro con violación. El padre debió soportar intimidaciones en la comisaría local, al hacer la denuncia y afrontar amenazas de los mismos violadores en su domicilio. Sin ninguna protección y sabiendo a esta altura que la justicia no ha realizado las acciones primarias como allanamientos en el lugar donde se perpetró semejante delito. Son las víctimas, las que deben seguir temiendo por la falta de un estado que los proteja.
Acompaño los reclamos por justicia del pueblo misionero y de todo el país, espero que se cumpla la ley y la justicia para que no haya más víctimas desprotegidas. Que el castigo llegue a todos los implicados. Un abrazo muy fuerte.
Fernanda Gil Lozano
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