3 de Agosto, 2011
Fernanda Gil Lozano sólo quiere que Zaffaroni explique su situación
Es la diputada que, hace dos años, remitió a la Procuraduría de la Nación un listado de 613 direcciones de departamentos particulares donde funcionaban prostíbulos y, entre las cuales, figuraban dos correspondientes a Zaffaroni. Aseguró que no pretende que el magistrado renuncie ni que se le inicie un juicio político pero sí que dé explicaciones. Además considera que le cuesta mucho creer que el juez haya desconocido la situación, aún pese a que había tercerizado la administración de sus inmuebles.
La diputada nacional por Buenos Aires Fernanda Gil Lozano fue quien presentó, en 2009 a la Procuraduría de la Nación, la nómina de 613 direcciones donde funcionaban prostíbulos, más un montón de números telefónicos cuyas direcciones no se pudieron identificar pero dedicados a la misma actividad.
La legisladora de la Coalición Cívica comentó que la labor se realizó con un grupo de habitantes de la ciudad y la colaboración de la ONG “La Alameda”. “Después, un vecino nos dijo que una de las propiedades era de (Raúl Eugenio) Zaffaroni”, el juez de la Suprema Corte y “nosotros respondimos que se quedara tranquilo, que todo estaba en manos de la justicia y que todos los propietarios iban a ser investigados”, relató la integrante del Congreso.
A esto agregó que, en instancias de la entrega formal, idéntica tarea se realizó para con el periodismo “que investigó y saltó”. Según dijo, en esa lista había dos inmuebles que pertenecían al magistrado en cuestión. Explicado esto, aseguró que “por mi compromiso” asumido al momento de radicar la denuncia “yo no puedo hacerme la tonta”.
En idéntico sentido, Gil Lozano aseguró que hace dos años, cuando entregó el documento, “no tenía ni idea de quién era el propietario de las 613 direcciones, de las cuales dos eran de Zaffaroni”. A esto agregó que la inmobiliaria que administra los dos departamentos del juez “no tiene licencia, es trucha” y que la persona señalada por el magistrado como el administrador de los bienes “vive con Zaffaroni, entonces cuando él dice ‘yo no sabía nada’ y ¿qué querés que te diga?”, se preguntó.
De todos modos, la integrante de la Cámara Baja de la Nación informó que también emitió un pedido a la Procuración para que explique el por qué de la demora en la difusión de estos detalles y, por ende, qué se hizo con la nómina hasta ahora. Incluso, la diputada confirmó que pedirá datos sobre los dueños de las demás propiedades considerando que son el resultado de “un trabajo hecho a pulmón con los vecinos” a los que, comentó “no puedo defraudar”.
Con respecto a la responsabilidad que le cabe al referente del Máximo Tribunal, dijo que “debe dar explicaciones y que no puede ser tan hilarante en las explicaciones” como lo fue hasta ahora, cuando sólo vertió algunos conceptos jocosos sobre la cuestión ante la requisitoria periodística. Asimismo dijo que se habla de “un nombre del poder, cabeza de uno de los tres poderes, entonces acá no es cuestión de hacerse víctima (como planteó el magistrado) sino dar las explicaciones que tiene que dar de acuerdo a la investidura que lleva”.
Para determinar las responsabilidades, Lozano redactó un Proyecto de Resolución para tener la oportunidad de realizarle todas las preguntas pertinentes al ministro pero, más que eso no puede hacer por su carácter de legisladora. No obstante consideró que no hay elementos para un juicio político y tampoco es para pedirle la renuncia “pero sí corresponde pedirle explicaciones”.
“Un explotador es un explotador. Si una persona, por acción u omisión, permite el proxenetismo y la trata, yo voy contra esa persona. Acá no hay espacio para la distracción y si vos sos un juez de la Nación que pertenece a la cabeza de uno de los tres poderes de la República no te podés permitir” tomar esto a la ligera.
Por otra parte, Gil recordó que, tal como pudo verificarse, “en esos departamentos había mujeres de Paraguay y de República Dominicana”, lo que lleva a “sospechar de trata de personas y proxenetismo”. Eso, para la legisladora, “no tiene nada que ver con una campaña política y él no es la víctima de esta situación; las víctimas son las mujeres que están siendo explotadas”.
Prostitución, explotación y trata de personas
La denunciante, abocada a la defensa de los derechos de las mujeres, recordó que ninguno de los tres conceptos implica necesariamente al otro. Si bien aceptó que la comercialización del cuerpo “puede ser autónoma y eso no es delito”, dijo que “en la ciudad de Buenos Aires cada vez queda menos lugar para la prostitución autónoma” porque “el negocio se va concentrando cada vez más”.
“Lo que es delito es la explotación que tampoco, necesariamente, está vinculada a la trata de personas”, aclaró. De todos modos indicó que en varios de los 613 departamentos señalados “había chicas de Paraguay y de República Dominicana que son las (Naciones) que proveen al comercio de la trata en Argentina”. Asimismo relató que se desconoce detalladamente cuál era la situación de estas muchachas pero, aunque “pueden no estar secuestradas, tampoco están libres porque hay todo un circuito de endeudamiento, amenazas, retención de documentos y distintas maneras de trabajo que tienen las redes de trata”.
